Ante un nutrido grupo de este colectivo entre el público, que ha aplaudido profusamente la aprobación, con la incorporación de siete enmiendas in voce, ha salido adelante con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e I-E, la abstención de UPN y el rechazo de PPN.
La iniciativa presentada por el PSN busca «establecer y regular» los principios y medidas para garantizar la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas LGTBI+, mediante medidas contra toda discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, «en todos los ámbitos sobre los que el Gobierno de Navarra y las entidades locales tienen competencia».
Se alude a las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica, cultural, orden público e institucional, y se se extiende a todas las etapas y contingencias de la vida.
En ese contexto se garantiza la «reparación» de los derechos cercenados, y se aseguran acciones «compensatorias y de reconocimiento a colectivos históricamente» segregados.
Para avanzar en el reconocimiento social y político de una reivindicación fundada en la aceptación de la «diversidad como valor añadido», se establecen condiciones para facilitar la participación y representación de personas y grupos LGTBI+ en todos los ámbitos de la vida social e institucional, siempre desde una óptica de «prevención y detección temprana» de conductas fóbicas.
En ello colaborarán las Administraciones Públicas y el Defensor del Pueblo, habilitados para actuar «de oficio».
Entre los compromisos destaca el relativo a la «protección de menores, jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad», así como los de diversas políticas públicas, ya sea a nivel de «empleo, salud, comunicación, ocio, cultura o deporte».
Por otra parte, se hace efectivo el reconocimiento de la heterogeneidad del hecho familiar tanto en el derecho navarro, público y privado, como en la práctica judicial y administrativa.
En el ámbito reproductivo y genital, se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas LGTBI+ con capacidad gestante y a sus parejas, se posibilita la congelación de tejido gonadal y células reproductivas a los transexuales que opten por acceder a tratamientos hormonales y, de igual modo, se asegura la atención ginecológica y urológica.
En el terreno educativo, la UPNA promoverá introducir en los planes de estudio contenidos específicos para abordar la diversidad sexual y de género, entre otras medidas.
En su defensa, Virginia Alemán, Geroa Bai, ha valorado esta «ley transformadora» que reconoce «derechos fundamentales que históricamente han sido vulnerados», mientras que Bakartxo Ruiz, EH Bildu, ha ponderado el «proceso enriquecedor» que junto a los colectivos LGTBI+ ha generado esta «buena ley», con un «planteamiento integral», aunque no suficiente, ha advertido.
Tere Saez, Podemos, ha coincidido en mostrar su «alegría y agradecimiento» por lo hoy aprobado tras un «trabajo intenso» y enriquecedor que ha permitido que esta ley «no sea un corta y pega» sino una norma específica que ha tenido en cuenta lo aportado.
Por el PSN, Nuria Medina ha valorado el «gran documento, ambicioso» hoy aprobado, que coloca a Nafarroa «a la vanguardia de los derechos de todas las personas», para cuyo desarrollo se ha puesto a disposición del gobierno, al que ha pedido «valentía, además de los recursos económicos y humanos» necesarios.
Por I-E, Marisa De Simón, también se ha felicitado en «un gran día» en el que la ley aprobada «avanza en participación» y «camina a un modelo de desarrollo social más inclusivo».
La abstención de UPN ha sido justificada por Ana San Martín porque «no podemos dar la espalda a la igualdad y a los derechos» que sí ven en la ley, en la que sin embargo también advierten «discriminaciones» y vulneraciones de derechos de otros colectivos a costa de este, y supone una ley que «tiene mucho que mejorar».
Ana Beltrán, PPN, ha advertido de que rechazo de esta «ley ideológica» no es un voto en contra de las personas LGTBI, cuya condición respetan, pero ha lamentado que supone discriminar a otros y ha explicado «no ver la necesidad de una regulación específica, concreta e intervencionista» que subraye la no discriminación, cuando esto ya lo protege la legislación europea y estatal.
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