A su vez, ha acordado ampliar hasta el 30 de junio de 2017 el plazo para redactar el informe de conclusiones, según informa la Cámara.

Las propuestas de petición de información cursadas van dirigidas fundamentalmente a Caixabank, para que indique si determinada documentación que los grupos siguen considerando ‘fundamental’ la puede remitir directamente o ha de hacerse a través de algún órgano judicial.

En concreto, Geroa Bai, EH Bildu e I-E solicitan a Caixabank las cuentas anuales de la Corporación CAN de los años 2000-2013, así como Hiscan Patrimonio SL de los años 2007-2013 y una relación detallada de distintos períodos de percepciones a miembros de los consejos de administración de las sociedades Hiscan, Corporación CAN y CCAN 2005 Inversiones Societarias SAU.

También piden un inventario de obras de arte transmitidas de CAN y Banca Cívica a Caixabank; actas de reuniones entre JC Folders y Banca Cívica; carta de intenciones de julio de 2010 entre Banca Cívica y JC Folders y un informe detallado de jornadas organizadas por Viálogos de los años 2002 a 2011.

De modo genérico, se requiere a Caixabank que, en caso de que haya aportado todo o parte de esta información a algún órgano judicial, lo indique, a fin de que la comisión pueda solicitarla a aquél, en caso de que la entidad financiera tenga impedimentos legales para remitirla.

Por su parte, UPN ha realizado una solicitud motivada de documentación al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que se solicitó el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía española (UDEF).

La petición se refiere a los dos informes completos que por informaciones periodísticas se conoce que existen y que datan de diciembre de 2015 y mayo de 2016. También se demandan las alegaciones realizadas al primero de ellos por las representaciones procesales de los investigados.

En la reunión, el presidente de la comisión, Unai Hualde, ha dado cuenta del encuentro que mantuvo recientemente con representantes del Consejo de Administración de Caixabank.

De acuerdo con las normas aprobadas, el objeto de la comisión de investigación será conocer y determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, además de esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción.

Tras la nueva prórroga, la fecha límite para concluir sus trabajos es el 30 de junio de 2017.