En el auto conocido esta mañana, que puede ser recurrido, la juez acuerda no imputar a Osasuna la entender que el club disponía de los mecanismos de control requeridos y de las certificaciones del Gobierno que dejan constancia de que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

En este sentido, la portavoz del Gobierno, María Solana, ha precisado en conferencia de prensa que ahora se estudiará qué hacer, pero «el Gobierno no pierde de vista que el ministerio público al admitir la demanda corroboró de alguna manera» la posición de Hacienda.

Además en el Ejecutivo, ha añadido, «no estamos en disposición de responder ahora» al punto de la sentencia en el que la jueza sostiene que lo denunciado no son operaciones de ingeniería financiera imposibles de detectar, sino que han aflorado en el estudio de los libros del club, lo que podría entenderse como un fallo en la Inspección fiscal.

Y al respecto ha añadido que «Hacienda lo valorará y verá en detalle el auto, que no es firme», aunque en todo caso ha mostrado el «absoluto respeto» del Gobierno.

La portavoz ha comentado además que el Ejecutivo en su sesión de hoy no ha tratado sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo que le condena a pagar 48 millones de euros a los propietarios del suelo por las expropiaciones realizadas para la Ciudad del Transporte cuando UPN estaba al frente del Gobeirno.

«No se ha tratado» el asunto pero «era algo que se esperaba», ha afirmado María Solana, y ha añadido que al Gobierno «no le ha pillado por sorpresa ni en la previsión presupuestaria», por lo que ha descartado un «desajuste inesperado» en las cuentas públicas, «ni en una gestión poco adecuada, por no decir nefasta», de la que hay «otros» ejemplos y que «sale muy cara a la ciudadanía».