La nueva ley introduce cambios en el artículo 116 del Código Penal ruso, de tal forma que los ataques contra familiares ya no serán considerados delito si se trata de una primera denuncia. Solo se presentarán cargos si la situación persiste.

De esta forma, el primer maltrato pasará a estar castigado con un arresto leve de entre diez y quince días y una multa máxima de 30.000 rublos (473 euros). El agresor podrá sustituirlo también por servicios a la comunidad de entre 60 y 120 horas.

La reincidencia sí será delito y estará penada con una multa de hasta 40.000 rublos (630 euros), servicios obligatorios a la comunidad durante medio año o un periodo de arresto de hasta tres meses, según recoge la agencia de noticias Itar-Tass.

El 90% de los denunciantes en Rusia no acuden a los juzgados porque el procedimiento es muy engorroso.

«La descarada injerencia en la familia» por parte de la Justicia «es intolerable», dijo Putin a finales de 2016 en su rueda de prensa anual al responder a una activista que le preguntó sobre la conveniencia de acabar con una ley que permite «encarcelar a un padre por unos cachetes en el culo que el niño se ha merecido».

Ante las fuertes críticas que despertó la ley en Rusia y en el extranjero, el Kremlin llamó a no confundir los conflictos familiares con la violencia doméstica.

«Hay que diferenciar claramente las relaciones familiares de los casos de reincidencia. Si se lee el proyecto de ley, uno se da cuenta de que los casos de reincidencia sí acarrean responsabilidad» penal, ha dicho Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin.

El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, consideró inaceptables las presiones por parte del Consejo de Europa, que se dirigió por escrito a ambas cámaras del Parlamento ruso para expresar su preocupación.

La diputada de la ultraconservadora MP Yelena Mizulina, una de las impulsoras de la medida, ha justificado los nuevos cambios porque ya hay «59 artículos que estipulan la responsabilidad penal por la violencia».

Según Mizulina, la despenalización afectará a «asaltos físicos que no requieren atención médica» y que son, en su opinión, «disputas familiares con consecuencias menores».

Los defensores de la ley consideran que el proceso administrativo acelera los trámites a la hora de denunciar y, al mismo tiempo, no impide al agresor rehacer su vida, ya que la ley no le inhabilita para ejercer cualquier profesión.

Además, en caso de reincidencia en el seno familiar el agresor no se librará del castigo penal, independientemente de las circunstancias de la agresión.

Entre 12.000 y 14.000 mujeres mueren todos los años a manos de sus parejas en Rusia, según datos difundidos por el Ministerio de Interior ruso en 2008, mientras otras fuentes hablan de que una mujer muere cada 40 minutos en Rusia víctima de la violencia de género.