Olaechea, que ha comparecido en comisión parlamentaria, ha destacado que existe una «falta de concreción de desarrollo» de estos programas, que fueron creados a mediados de octubre de 2015 y que contaron con un «escaso margen de maniobra» para los Servicios Sociales de Base (SSB), que experimentaron un «incremento significativo de trabajo con los mismos recursos».

En este sentido, ha subrayado que esto provocó que cada SSB «llevara a cabo el procedimiento que consideró más adecuado» y que se aplicaran criterios diferentes «en función del lugar de residencia».

«Se han advertido mejoras en las convocatorias de 2016 y 2017, pero aún persisten deficiencias como la falta de un procedimiento y criterio de actuación comunes a los SSB», ha apuntado.

Olaechea ha indicado que, en general, las situaciones de los beneficiarios «no responden a una emergencia puntual o coyuntural, sino a necesidades continuas de ingresos», cuando uno de los requisitos de los usuarios era «presentar una situación sobrevenida por una fuerza mayor».

Además, ha añadido que en algunos casos «no consta la justificación del destino de las ayudas» y se subvencionaron «gastos ya pagados previamente».

«En Pamplona se tramitaron simultáneamente ayudas extraordinarias y de emergencia social para el mismo concepto», ha precisado, tras matizar que se estableció un compromiso de devolución si el beneficiario percibía la extraordinaria, pero «no se realizó un seguimiento adecuado de esta obligación de reintegro». Así, ha trasladado que se detectaron más de 33.700 euros que no han sido devueltos.

Por todo ello, ha recomendado «reflexionar sobre la conveniencia de seguir manteniendo dos ayudas para atender situaciones similares» cuyos conceptos más relevantes son comunes, ya que aspectos como vivienda, cuotas de préstamos, electricidad, agua y gas han sido subvencionados por ambas ayudas.

También ha propuesto recabar los justificantes del destino de la ayuda e iniciar el reintegro de la subvención otorgada a aquellos SSB que no los hayan aportado. En caso de que se decidiera mantener ambas ayudas, ha planteado «establecer un procedimiento y unos criterios comunes de actuación para todos los SSB».

Según ha explicado, en 2015 las ayudas extraordinarias contabilizaron 1,78 millones de euros y se concedieron unas 2.500 subvenciones a 2.000 unidades familiares con 897 euros de media.
En los casos de emergencia social, ascendió a 1,57 millones y se concedieron 5.300 prestaciones a 3.000 unidades familiares con una ayuda media de 520 euros.

Por UPN, Maribel García Malo, que se ha mostrado «alarmada» ante las «irregularidades» que recoge el informe, ha lamentado que Comptos no haya concretado más «la responsabilidad del Gobierno en esta chapuza de gestión».

«Este informe es demoledor, no hay por dónde cogerlo», ha aseverado García Malo, que ha puesto de manifiesto que «no existía esa emergencia social de la que el cuatripartito ha estado hablando sin parar», sino que ha sido una «premisa falsa».

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu, que ha reconocido que los fallos de 2015 responden «a la premura con la que esta convocatoria se gestó», ha compartido la opinión de Comptos de que ésta «dejó un escaso margen de maniobra a los SSB, que aplicaron los procedimientos que consideraron más adecuados».

También la parlamentaria de EH Bildu Asun Fernández de Garaialde ha asumido que «salieron tarde y con muy poco tiempo», tras afirmar que es «denunciable» que una justificación sirva para cobrar dos ayudas.

Por el grupo de Podemos, el parlamentario Mikel Buil ha criticado que UPN «siga negando» la existencia de la emergencia social, mientras que, por el PSN, Nuria Medina ha lamentado la gestión «muy deficiente y nada exigente» del Ejecutivo en relación al dinero público.

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha apostillado que son ayudas «necesarias» y ha apostado por «subsanar todos los errores de gestión».