En un comunicado de los Mossos d'Esquadra difundido tras su declaración, Josep Lluís Trapero ha trasladado a la magistrada Carmen Lamela que, los Mossos «no fueron avisados con suficiente antelación para poder planificar el dispositivo y esto obligó a ir adaptándolo en función de las circunstancias».

«La primera noticia que tuvieron los Mossos sobre la actuación policial de la Guardia Civil llegó a través de los medios de comunicación», afirma la nota.

Trapero ha trasladado a la jueza que la actuación de los Mossos fue la «correcta y necesaria en atención a las circunstancias que concurrieron aquel día» y se tomaron «las medidas adecuadas en función a los acontecimientos de ese momento». Miles de personas se congregaron ante la sede de la Conselleria para protestar por la operación policial y reclamar la libertad de los detenidos.

Por ello, el mayor considera que el cuerpo autonómico no cometió ningún delito de sedición, ni colaboró de ninguna manera en la comisión de este u otro delito.

«Entendemos que pueda haber percepciones diferentes sobre el dispositivo policial por parte de la Guardia Civil, el otro cuerpo policial que intervino ese día, porque también la forma de afrontar los temas de orden público se plantea de manera diferentes en ambos cuerpos», afirma la nota.

Según los Mossos, desde hace años a la hora de afrontar situaciones que pueden generar problemas de orden público se activan «todos los mecanismos que le permiten afrontar, no sólo los retos inmediatos, sino también sus desarrollos futuros».

En este caso concreto, defienden que la forma en que se llevó a cabo el dispositivo el 20 de setiembre no se diferencia «en nada» de cómo se gestionan habitualmente actuaciones de estas características, «independientemente de los motivos y colectivos que las provoquen».

También estaba citada en la misma causa la intendente jefe de los Mossos, Teresa Laplana, que finalmente no ha declarado por cuestiones médicas justificadas, y los dos han mostrado su «absoluta predisposición» para explicar y responder cualquier cuestión sobre el operativo.

Todo ello, pese al «poco tiempo de margen entre la citación y la declaración así como las dificultades para conocer con suficiente antelación el contenido de las actuaciones y los graves hechos que les atribuyen».