El Parlamento de Navarra ha aprobado el pasado martes 17 una declaración institucional que «reconoce y condena la limpieza nacional, los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y su brazo armado, ETA, en territorio del País Vasco y Navarra» y muestra su «solidaridad con todas sus víctimas». La declaración salió adelante en la Junta de Portavoces con los votos favorables de UPN, PP y PSN. Bildu, Aralar e I-E votaron en contra. La declaración se aprueba a instancias de la asociación ultraderechista Dignidad y Justicia.

Institucionalizan el 11 de febrero «Día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad», como forma de evitar que tales crímenes puedan ser olvidados y prevenir así que nunca más se repitan.

Y en el marco de las competencias educativas, se requiere al Gobierno de Navarra «la elaboración de aquellas directrices y medidas necesarias, para la inclusión del relato de los actos de genocidio y los crímenes contra la humanidad de la izquierda abertzale violenta, en el material didáctico a todos los niveles en el territorio de Navarra, como cumplimiento de la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Nacional Unidas, de 16 de diciembre de 2005».

Hasta aquí el disparate de lo aprobado en el Parlamento navarro y el tremendo daño causado con esta manipulación de los conceptos de genocidio y crímenes de lesa humanidad a las verdaderas víctimas del Genocidio Franquista y el terrorismo de estado masivo en Nafarroa.

Las acciones de ETA en Navarra o contra ciudadanos navarros han supuesto la muerte de 40 personas entre 1977 y 2005. Estas muertes y los diferentes daños económicos resultantes de diversos atentados son considerados ahora por el Parlamento Navarro delitos de Genocidio. Una simple constatación por poner las cosas en su sitio: entre 1936 y 2005 la cifra de militantes de las diferentes organizaciones de la izquierda abertzale navarros muertos, o muertos en Nafarroa por los diferentes grupos policiales, militares o fascistas, supera con creces ese número. Posiblemente lo doble varias veces. Empezando con los militantes de EAE-ANV, navarros muertos o militantes fusilados en Nafarroa durante el primer periodo franquista (sólo en el caso de los miembros del viejo partido se supere posiblemente la cifra) siguiendo tras el surgimiento de ETA por los muertos en manifestaciones, por torturas y terminando con los últimos militantes muertos por la policía. ¿Quiere esto decir que el Estado español en sus vertientes de Dictadura Franquista y Reino de España han cometido genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la izquierda abertzale en Nafarroa? Si nos remitimos a lo peregrino de la argumentación utilizada por la derechona navarra y sus comparsas del PSN, parece ser que sí.

Pero lo tremendo del disparate parlamentario es que en Nafarroa la derecha, la policía y el ejército sí que cometieron durante décadas un genocidio real y miles de crímenes de lesa humanidad. Asesinaron en las cunetas, o en una guerra forzada por ellos mismos, y de otras crueles maneras, a más de 3.000 personas, sin frente de guerra alguno en el herrialde.

Solo de Sartaguda fusilaron al 6,76% de su población. En Lodosa, Mendabia, Milagro y Peralta, fueron fusilados entre el 2% y el 6%. Esto sí fue un genocidio. Genocidio negado y ninguneado no sólo por la derechona navarra, heredera biológica y política de los responsables directos del mismo, sino por el PSOE que niega precisamente que sean actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad para no tener que revocar la ley de amnistía de 1977, verdadera ley de punto final y bastión de la impunidad franquista.

Ley que por ejemplo sustenta la negativa a la extradición a Argentina de los cargos franquistas reclamados por diversos delitos de lesa humanidad por la Justicia de ese país. Por la sencilla razón de que los crímenes de lesa humanidad y de genocidio no prescriben. Y precisamente esto está en el fondo de la maniobra de los ultraderechistas de Dignidad y Justicia. Pretenden que las responsabilidades penales de los atentados de ETA no prescriban y para ello manipulan unos conceptos de Justicia Universal que no tienen nada que ver con las vulneraciones de derechos que haya podido cometer ETA. La derecha navarra y el PSN les han hecho la ola, pero tal vez lo que hayan conseguido haya sido poner de nuevo negro sobre blanco la magnitud del genocidio cometido en Nafarroa y su propia complicidad en la negación de los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación de las víctimas, y como consecuencia de ello, la falta de las garantías de no repetición.

No nos atrevemos a calificar la gravedad de unas pintadas, de la quema de un cajero automático o una cabina telefónica dentro de la «Kale borroka», consideradas ahora como «limpieza nacional de la izquierda abertzale» por UPN-PP-PSOE, pero nos parece que tienen un «cierto» grado de mayor gravedad las violaciones, las torturas masivas, el encarcelamiento ideológico, el uso generalizado de la humillación y el hambre para con las vencidas y sus familias, el robo de hijas e hijos de los republicanos y abertzales, las desapariciones forzosas, la muerte por hambre y torturas de prisioneros, obligar a los vencidos a servir en el ejército franquista bajo pena de muerte, el uso de trabajadores esclavos por empresas condecoradas recientemente por el propio Parlamento, el intento de genocidio cultural con el euskara y la lengua vasca en Nafarroa, el robo del patrimonio económico de republicanos y abertzales para entregárselo a los fascistas, la imposición violenta del nacional catolicismo… lo decimos porque todos estos hechos sí que se contemplan en los documentos de la ONU y otras instituciones como delitos de lesa humanidad.

Muchos de los asesinados y asesinadas en Nafarroa por el franquismo eran militantes del PSOE y de UGT. Estas organizaciones renunciaron en la llamada Transición a la defensa de los derechos a la Verdad, Justicia y Reparación de todas ellas. Con esta declaración parlamentaria de la mano de la ultraderecha navarra y española han hecho lo propio con su memoria sociopolítica, al poner sus intereses coyunturales de atacar políticamente a la izquierda abertzale sobre los derechos a la verdad de todos ellos, y sobre todo a que alguien defienda su legado sociopolítico y militante que ha sido nuevamente arrastrado por el barro de la mano de quien lo debería amparar. Con esta declaración se les ha querido negar el derecho de víctimas de un genocidio manipulando bastardamente este concepto.

Si algo queda claro de todo esto, es la absoluta bajeza intelectual y el «suelo ético» del Relato de 80 décadas de conflicto vasco que estos personaje quieren imponer en las escuelas navarras, una especie de nuevo «remaque» de las clases de Formación del Espíritu Nacional. Como siempre, les saldrá mal. La realidad histórica es muy tozuda y la magnitud del genocidio cometido descomunal para esconderse detrás de las acciones de ETA para desvirtuarlo.