Si no media un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo y una sentencia que derogue definitivamente el decreto de Lakua 107/2012, algunas de las víctimas de la violencia policial entre el año 1960 y 1978 mantendrán su reconocimiento e indemnizaciones. La sentencia del TSJPV que ayer se conoció, si bien cercena aspectos la política de reconocimiento y reparación de víctimas de la violencia policial, no deroga el decreto que básicamente se mantiene como estaba. No es una mala noticia. Aunque más allá de la interpretación y el recorrido judicial futuro, el recurso que impulsó Urquijo muestra el cinismo con el que aquellos que exigen a otros el reconocimiento de la violencia propia y su maldad, tratan de esquivar sus propias violencias, sus responsabilidades e intentan hurtar a este país un relato del pasado justo, integrador y que facilite la convivencia.

Hay que insistir y decirlo alto y claro. La violencia policial en Euskal Herria, muy particularmente en esa época, fue la expresión de una violencia mecanizada, de masas, practicada de forma sistemática e impune. Ni las 219 solicitudes recibidas por Lakua, ni los 56 expedientes aceptados, dan una imagen veraz de aquella sociedad bajo ataque policial, instalada en una excepcionalidad implacable, con una Policía Armada y una Guardia Civil que practicaban la violencia como muestra siniestra de poder ilimitado, con el objetivo último de humillar y deshumanizar a la comunidad abertzale y resistente, vaciarla de la confianza en sí misma y liquidar su voluntad colectiva.

El Estado español, con funcionarios de un imperturbable cinismo como Urquijo, no duda en utilizar sus potestades para proteger y garantizar la impunidad de sus cuerpos policiales. Pretende así alterar la opción de un relato fiel a lo ocurrido en Euskal Herria durante los últimos 50 años. No reconocen la naturaleza política del conflicto y la existencia de partes, se afanan en sostener una versión falsa y parcial. Por eso niegan tanto los hechos como su complicidad en los mismos.