El Tribunal Supremo español confirmó ayer la decisión política de expoliar más de 100 locales en Euskal Herria y mantener las condenas de cárcel a 20 militantes independentistas. El fallo de la Sala Segunda del Alto Tribunal únicamente acepta cuestiones técnicas incluidas en el recurso presentado por la defensa, al tiempo que realiza un férreo alegato a favor de las penas impuestas en julio de 2014 por la Audiencia Nacional española. Casi trece años después de que el juez Baltasar Garzón iniciase la macrocausa contra HB, EH y Batasuna, la instancia más alta de la judicatura española cierra el círculo de un procedimiento que, como quedó acreditado durante la vista oral, busca condenar una historia política y despojar a la izquierda abertzale del patrimonio de décadas dando un paso más en la teoría del «todo es ETA» con la afirmación de que «saben que todo es ETA».

En relación a las partes del recurso estimadas, los magistrados rebajan la pena de tres años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional a Rufi Etxeberria, Joseba Permach, Joseba Alvarez, Karmelo Landa y Juan Kruz Aldasoro y les condena a año y medio. De este modo, reconocen que el atenuante de «dilaciones indebidas» en su mayor grado ya se aplicó a los otros 15 condenados, por lo que se extiende a estos cinco militantes independentistas. En principio, esto implicaría que ninguno de ellos debería ingresar en prisión. Además, el fallo reduce el período de inhabilitación para Jon Gorrotxategi, Antton Morcillo y Floren Aoiz, a quienes la AN impuso cuatro años y el TS reduce a año y medio, el tiempo de su condena.

En relación con las «herrikos», la sentencia saca de la lista de bienes a incautar los locales de Antxeta Elkartea, de Pasaia; Harotz Toki Elkartea e Irati, de Arrasate; y Gorgo Mendi, de Oñati. En el primero de los casos se produce una confusión con otra sociedad del mismo nombre que nunca fue subsanada mientras que en el segundo y el tercero, sus nombres ni siquiera aparecían reflejados en el escrito de acusación presentado por el Fiscal en 2010, por lo que se entiende que no han podido personarse en el caso.

Sin enmienda a la AN

Sobre el fondo del asunto, el político, queda claro desde el inicio de sus 728 folios que la sentencia no iba a enmendar las tesis planteadas por la Audiencia Nacional. Así lo señala el ponente, Juan Ramón Berdugo, que reitera que la función del Alto Tribunal no es ejercer de segunda sala de revisión, sino garantizar que los magistrados tomaron la decisión de acuerdo a criterios jurídicos. Un argumento que, en este caso, le sirve para desdeñar los razonamientos de la defensa pero que no siempre es así, ya que es habitual que el TS revise los procesos de tribunales inferiores.

Entrando en materia, la sentencia rechaza que se hayan vulnerado los derechos de libertad ideológica, de expresión, reunión, asociación y participar en los asuntos públicos que planteaban los letrados de los militantes independentistas. Reconoce que las pruebas contra ellos, como son participar en actos públicos, convocar manifestaciones o dar ruedas de prensa, pueden dar la imagen de «juicio político». Un extremo que descarta porque, según asegura, HB, EH y Batasuna estaban «integrados en ETA».

Sobre las «herrikos» sigue el mismo hilo. Mantiene que HB era la propietaria de los locales, por lo que considera que formaban parte de un supuesto «sistema de financiación» de ETA pese a reconocer que no existen flujos monetarios con ella.

La sentencia es firme, aunque queda la opción del amparo del Tribunal Constitucional. Mientras, será la sección segunda de la AN la que decida cómo se llevan a cabo las incautaciones. No hay vaticinios porque la medida no tiene precedentes. Fuentes del Ministerio de Justicia ya avanzaron a Efe que se subastarían «en beneficio del Estado».

 

Sortu mira al futuro con optimismo al estar convencida de haber ganado la batalla política

Junto a procesados en el sumario 35/02, algunos con camisetas naranjas y carteles que llamaban a participar en las movilizaciones de protesta, el representante de Sortu Pernando Barrena remarcó que la sentencia del Supremo confirma «la mayor incautación de bienes por persecución política desde el Franquismo». Señaló que la gravedad de la misma va más allá del valor económico de las 107 «herrikos» confiscadas: «Nos arrebatan medios para poder realizar una actividad política alternativa legítima y totalmente legal. Esto va a suponer, además, la pérdida de decenas de puestos de trabajo». En definitiva, Sortu cree que «quieren evitar a toda costa que el independentismo sea alternativa real de poder en este país» y que la ciudadanía vasca pueda decidir su futuro.

Pero, a pesar de sentencias condenatorias como esta última, reafirmó que su compromiso con este nuevo tiempo político permanece «intacto».

Se felicitó porque los condenados y la izquierda abertzale en su conjunto han conseguido sostener la vigencia del proyecto en épocas difíciles y, además, cambiar el panorama político. Por eso miran con optimismo al futuro, ya que están «convencidos de haber ganado la batalla política para la libertad del país».

Eso no quita que la sentencia –que, en opinión de Sortu, tiene su origen en la Ley de Partidos y la ilegalización de ideas– sea «un gran despropósito» que ha mantenido procesadas durante casi catorce años a 43 personas. «Alguien podría decir que las penas que establece el fallo son bajas; en absoluto: para nosotros un día de prisión ya sería demasiado en un sumario que ha juzgado personas por su ideología y que, además, ha llevado a prisión anteriormente a 16 personas entre 2 y 4 años». No olvidan tampoco que han sido obligados a abonar fianzas por valor de centenares de miles de euros.

En la misma línea, la secretaria general de Aralar, Rebeka Ubera, subrayó que «se trata de un escándalo jurídico inaudito en Europa. El que más de cien sociedades ciudadanas, construidas gracias al esfuerzo de miles de ciudadanos y ciudadanas, sean confiscadas y pasen a ser propiedad del Estado español no tiene ni pies ni cabeza; nos encontramos ante un claro robo de patrimonio».

Desde Eleak y los grupos de trabajo Libre también denunciaron «este nuevo ataque contra los derechos civiles y políticos» y mostraron su apoyo y solidaridad a las personas condenadas. Al igual que Sortu y Aralar, llamaron a las movilizaciones de los pueblos.Maider IANTZI

 

Arraiz estudia recusar a jueces por «sentenciar ya»

El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, estudia la posibilidad de recusar a los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJPV que admitieron a trámite la querella de Dignidad y Justicia por las declaraciones que realizó tras una operación de la Guardia Civil contra los abogados de los presos, en las que, haciendo referencia al nombre del operativo –“Mate”– emplazó a dar «jaque mate» al instituto armado.

El auto de admisión a trámite del 25 de mayo fue apoyado por los magistrados Juan Luis Ibarra (presidente del TSJPV), Antonio García y Roberto Sáiz, y contó con dos votos particulares discrepantes de Nekane Bolado y de Borja Iriarte.

En declaraciones a “Radio Vitoria”, recogidas por Europa Press, Arraiz anunció que estudia recusar a los jueces que respaldaron la tramitación de la querella porque, en su resolución judicial, «lo que están haciendo es ya sentenciar» el caso.

Para el líder de Sortu, se trata de «un procedimiento completamente contaminado, que evidencia una animadversión hacia su persona».GARA

 

Miles de personas muestran su apoyo y denuncia

En respuesta a la sentencia del Supremo, se llevaron a cabo movilizaciones en los pueblos afectados por la confiscacion de bienes. Ejemplo de ello son Villabona, donde se concentraron 150 personas, Zarautz, Zumaia, Leitza o Errenteria. Astrabudua (50 vecinos), Larrabetzu (156), Lekeitio (390) y Amurrio (140) fueron otras localidades que acogieron manifestaciones. En Urretxu-Zumarraga tuvo lugar una asamblea y después una marcha en la que participaron 100 personas. Hoy tienen reunión a las 20.00 en la sociedad Amalur. En Azpeitia se movilizaron 350 vecinos; 105 en Zaldibar y en Urduña 62 con la reivindicación “Mugalde libre”. Hoy está previsto que se celebren asambleas locales de las que surgirán nuevas iniciativas de denuncia y de apoyo a los condenados en el sumario 35/02. GARA