Este ha año se ha celebrado el 40º aniversario de los asesinatos de Montejurra-76, en los que murieron Aniano Jiménez y Ricardo García Pellejero. Con tal motivo se han realizado una serie de actuaciones tendentes, por una parte, a recordar aquellos luctuosos sucesos, así como para darlos a conocer a todos aquellos que no los vivieron, y con la finalidad última de denunciar la actuación de los elementos y fuerzas de seguridad del Estado que estando presentes no los evitaron e, incluso, consintieron la exhibición de armas así como la colocación de dos nidos de ametralladora en la cima de Montejurra; llegando a declararse por el Tribunal Supremo (y antes por la Audiencia Nacional) que aquellos hechos tenían el carácter de delito político, de forma que se les pudiera aplicar la extinción de responsabilidad penal por aplicación del Real Decreto Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía de 1977; por lo que resultaron impunes.

Solo por medio de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de 5 de noviembre de 2003, se produjo una reparación parcial declarando que las dos víctimas de dichos sucesos tenían derecho a las indemnizaciones correspondientes a las víctimas del terrorismo, revocando la Resolución del Ministerio del Interior que el año 2001 que les denegó dichas indemnizaciones.

Se da la circunstancia de que, pese al generalizado convencimiento de esa implicación, a las numerosas evidencias tanto testimoniales como gráficas y a la gran proyección mediática que tuvieron, apenas han aparecido documentos oficiales que se refieran expresamente a esos acontecimientos.

Todas las informaciones e investigaciones periodísticas existentes apuntan a la denominada «Operación Reconquista» de 1976 como estrategia política que pretendía desprestigiar al carlismo oficial, muy crítico con el franquismo. El objetivo era aglutinar en torno a la figura de Sixto –el hermano menor de Carlos Hugo– a todos los sectores disidentes y arrebatar a los carloshuguistas el control del principal del movimiento carlista, y así controlar también los actos de Montejurra. Los actos de la montaña estellesa se convirtieron de forma muy clara en una plataforma de oposición al franquismo que se vio apoyada por otros grupos no carlistas, reivindicando la democracia en todo el Estado español.

El general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santa María, en la fecha de los sucesos jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y persona muy relevante durante la Transición, antes de morir reveló que fue el propio Estado el que, ante la evolución del carlismo, trató de crear un «contrapoder» alrededor de la figura de Sixto de Borbón, por medio del servicio de inteligencia SECED, creado por el almirante Carrero Blanco (sustituido en 1977 por el CESID, actual CNI), y de la Guardia Civil.

Desde el principio, la «Operación Reconquista» tuvo un carácter militar y, teniendo en cuenta los testimonios aparecidos desde entonces, los grupos que actuaron el 9 de mayo de 1976 fueron armados por los servicios secretos (entonces el SECED, Servicio Central de Documentación) y por la Guardia Civil.

Dos hechos convirtieron lo que podía haber sido una verdadera masacre en un escándalo político de primer orden. El primero fue la presencia en las filas atacantes de numerosos militantes ultraderechistas extranjeros, fundamentalmente italianos y argentinos, algunos vinculados a grupos terroristas como Ordine Nero, Ordine Novo, Avanguardia Nazionale o la Triple A (Alianza Antiterrorista Argentina). Entre ellos había acusados por el Gobierno italiano de perpetrar atentados en los que habían muerto decenas de personas; ahora se les veía en territorio español intentando disolver de forma violenta e impunemente una concentración política.

Para reforzar el golpe se organizó un operativo que no solo llevó a miembros de la facción minoritaria ultraderechista del carlismo, Comunión Tradicionalista, de toda España, sino también a elementos de Guerrilleros de Cristo Rey, falangistas, militantes de Unión Nacional Española (UNE) –el partido del exministro franquista Fernández de la Mora– y un comando integrado por más de 20 mercenarios italianos y argentinos de ideología ultra –entre los que se encontraba también el francés Jean Pierre Cherid– acudieran a la romería y atacaran a los participantes en ella. Los mercenarios, según la mayor parte de las informaciones periodísticas, fueron pagados por agentes del SECED o por dirigentes de los Guerrilleros de Cristo Rey que les habían contratado.

El segundo fue la total pasividad de las fuerzas de seguridad, pese al gran despliegue realizado por la Guardia Civil y la Policía Armada. Solo una vez que se produjeron los enfrentamientos y las muertes, la Guardia Civil se interpuso entre las dos partes para que no hubiera más víctimas mortales.

Sin embargo, y pese a que todo el mundo vio quién realizaba los disparos, nadie fue detenido. El entonces ministro de la Gobernación, Manuel Fraga Iribarne, que se encontraba fuera de España en viaje oficial, se desentendió del asunto y desde el Gobierno se presentó lo ocurrido como una pelea fratricida que no les incumbía. Nunca se abrió una investigación seria; la judicial, iniciada ante las irrefutables y numerosas evidencias gráficas, no tardaría en cerrarse –tal como se ha indicado– en aplicación de la ley de Amnistía, con lo que aquel crimen de Estado nunca fue totalmente aclarado.

El Partido Carlista y el conjunto de la sociedad de Navarra desean que se esclarezca la verdad y se conozca la intervención real de personas y elementos y fuerzas de seguridad del Estado tanto en la preparación de los hechos como en su no persecución.

Para esclarecer todos estos hechos y poder exigir una verdadera memoria y reparación de los mismos, se hace precisa la desclasificación de todos los «asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos» existentes en la Administración del Estado, desclasificación a la que el Gobierno Central, administración competente para ello, no accede. Para esto, Geroa Bai, Podemos-Ahal dugu, Izquierda/Ezkerra y EH Bildu hemos presentado en el Parlamento de Navarra una moción, instando al Gobierno Central a que, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, adopte el acuerdo que sea preciso para proceder a dicha desclasificación de todos los documentos existentes en la Administración del Estado relacionados con los sucesos de Montejurra-1976, tanto anteriores como posteriores a los hechos acontecidos el 9 de mayo de 1976.