Un guardia civil condenado por torturar a Kepa Urra (y posteriormente indultado) lleva años ofreciendo conferencias sobre la aplicación del derecho comunitario en el trato a detenidos y hasta llegó a representar al Estado en una de las visitas periódicas del Comité para la Prevención de la Tortura dependiente de la Comisión Europea. El capitán José María De las Cuevas Carretero es, junto a Manuel Sánchez Corbi y Antonio Lozano García, uno de los tres uniformados sentenciados en 1997 por la Audiencia Provincial de Bizkaia a 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación por maltratar al ciudadano vasco durante su detención en Basauri el 29 de enero de 1992. Un año después, el Tribunal Supremo español redujo la pena a un año de prisión pero mantuvo la condena que les mantenía apartados de las funciones públicas. El fallo no llegó a aplicarse ya que en 1999 la entonces ministra española de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, indultó a los tres torturadores. Desde entonces, el uniformado, que es también abogado, ha tomado parte en nombre de la Guardia Civil en diversos foros, ofreciendo conferencias sobre trato a detenidos o corrupción.

El caso es sintomático de la impunidad de la que se benefician los agentes españoles condenados por torturas. De las Cuevas Carretero era sargento cuando maltrató a Kepa Urra en una operación contra ETA desarrollada en Bizkaia en 1992 y su carrera siguió en ascenso a pesar de su condena, llegando a ser capitán en la actualidad. En 1998, cuando todavía estaba pendiente el recurso ante el TS, el diario “El País” publicó que el guardia optaba a ser alférez a pesar de estar en vigor su inhabilitación. El Alto Tribunal le mantuvo la suspensión, que desapareció cuando el Gobierno de José María Aznar le indultó.

Con Rajoy como ministro

Desde entonces, el agente ha seguido ascendiendo en el escalafón del cuerpo militar, desarrollando buena parte de su actividad en la Policía Judicial. Como parte de esta rama de la Guardia Civil fue uno de los encargados de recibir al CPT (organismo de prevención de la tortura) durante su visita al Estado español en 2001. Así lo recoge el informe de la institución europea, que incluye a José María de las Cuevas Carretero como uno de los 13 representantes del Ministerio del Interior con los que se encontró el equipo liderado por Gisela Perren-Klingler y Davor Strinovic. Se da la circunstancia de que en la época en la que se desarrolló la visita, entre el 22 y el 26 de julio de 2001, quien ostentaba la cartera de Interior era el actual presidente español, Mariano Rajoy.

En el informe posterior a aquella visita, el CPT hacía varias referencias a la necesidad de que los agentes envueltos en casos de malos tratos no disfrutasen de impunidad e instaba al Gobierno español a realizar comentarios sobre este asunto en concreto. La respuesta del Ejecutivo ponía énfasis en los mecanismos de control y sanción. No hacía mención, sin embargo, al hecho de que el Instituto Armado (y por extensión, Interior) había decidió enviar precisamente a un torturador condenado como representante de la Policía Judicial en su encuentro con la institución europea encargada de prevenir la tortura.

No queda ahí la trayectoria de De las Cuevas Carretero. Como capitán adscrito a la Sección de Legislación de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, ha participado en diversos foros estatales e internacionales en representación del Instituto Armado hasta, al menos, el año pasado. Uno de ellos, al que puede accederse en Internet, está centrado en la «Aplicación de las Directivas Europeas en materia de Derecho Penal y Asistencia al Detenido». Tampoco ahí hace mención a su condición de torturador, aunque sí realiza comentarios sobre la modificación del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que regula los derechos de los arrestados.

El agente sigue en activo y continuará en su puesto al menos hasta el próximo año, cuando legalmente podría pasar a la reserva. Este periódico trató de recoger su reacción, tanto a través del Instituto Armado como del Ministerio del Interior, pero no recibió respuesta.

El PP vuelve a mentir y niega maltrato probado por los jueces

«En España no hay un solo caso de tortura». Esta frase la pronunció el senador del PP Antonio Romero Santolaria durante su intervención ante la visita de la defensora española del pueblo, Soledad Becerril. Ante las preguntas formuladas previamente por el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, el portavoz del partido que lidera el Gobierno español negó la mayor y aseguró que Madrid no registraba ni un solo caso de maltrato. Para apoyar su tesis hizo alusión al Comité de Prevención contra la Tortura de la CE, la misma institución a la que el Ejecutivo español envió a José María De las Cuevas Carretero como interlocutor en 2001. «Entidades como Human Rights Watch no confirman en ningún momento ni de modo taxativo la existencia de tortura en España. Romero obvió en su respuesta que incluso los tribunales españoles han condenado a al menos 40 agentes por torturar a detenidos. Uno de ellos, precisamente, es De las Cuevas Carretero. También quiso eludir las condenas a España impuestas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las denuncias.A.P.

«Le desnudaron, le golpearon y le arrastraron por el suelo»

«Le desnudaron, le golpearon con un objeto romo y le arrastraron por el suelo». Así describía la sentencia de noviembre de 1997 de la Audiencia Provincial de Bizkaia los malos tratos sufridos por Kepa Urra a manos de los guardias civiles José María De las Cuevas Carretero, Manuel Sánchez Corbi y Antonio Lozano García. El testimonio de la víctima y el relato del forense que le atendió en el cuartel de La Salve, donde lo encontró inconsciente y con manchas recientes de sangre, fueron pruebas suficientes para condenar a los tres agentes. Según quedó acreditado, tras ser arrestado en Basauri, Urra fue conducido a un descampado, donde los agentes le torturaron para conseguir información. Una tesis que también mantuvo la sentencia del Tribunal Supremo que reducía las penas.A.P.