Fiscalía y defensa de los cuatro guardias civiles juzgados la semana pasada en la Audiencia de Bizkaia por las torturas a Sandra Barrenetxea sustentaron muchos de sus argumentos para solicitar la libre absolución en los informes y el testimonio de Juan Miguel Monge Pérez. Pues bien, a este forense de la Audiencia Nacional le investiga desde 2015 la Asociación Médica Mundial (AMM) por una falta ética grave en el ejercicio de su profesión por supuestamente haber encubierto la práctica de la tortura, y con referencia concreta a este caso.

Los médicos que impulsaron la iniciativa ante la prestigiosa organización internacional consideran al jefe de servicio de clínica forense de la AN un «testigo privilegiado» que debía haber actuado tras escuchar el relato de la independentista arrestada en 2010. Tras tener constancia de lo acontecido en el juicio de Bilbo, han hecho llegar a la AMM los nuevos datos que se pueden sumar al expediente que se sigue contra Monge Pérez por su conducta.

La denuncia partió de un grupo de facultativos argentinos preocupados por el modo en que proceden los médicos al servicio del tribunal especial español ante las denuncias de torturas y malos tratos formuladas por detenidos a los que se incomunica. Sus promotores aportaron documentación de seis casos, acompañada de fotocopias de historias clínicas y escritos judiciales, donde se explicitan las torturas y dejan constancia «de la connivencia y participación» de los forenses de la AN.

En tres de los casos se señala a Juan Miguel Monge Pérez como encargado de velar por la integridad de Unai Romano, Sandra Barrenetxea y Beatriz Etxebarria. Se apunta a que la documentación aportada por ese forense «no cumple con ninguno de los requisitos exigidos por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) y otros organismos internacionales».

El CPT está considerado el «instrumento más eficaz» en Europa para la prevención de la tortura. Después de cursar una decena de visitas al Estado español, en varios de sus informes ha descrito las deficiencias detectadas en los informes medico-forenses, principalmente en los efectuados por los facultativos de la AN sobre detenidos incomunicados.

En una misiva enviada a la conclusión de la vista oral en la Audiencia de Bizkaia, la doctora argentina Susana Etchegoyen informa a la Asociación Médica Mundial de lo acontecido en el juicio de la semana pasada en Bilbo, incidiendo en el papel jugado por Monge Pérez en este proceso. Incide en la «falta ética gravísima y desconocimiento intencional» del cuerpo normativo previsto por los organismos internacionales para asistir a los detenidos, así como en la «conducta y deberes» de los médicos para con estos pacientes en unas circunstancias especiales.

Obligación de Monge Pérez

Los facultativos que denunciaron a sus homólogos adscritos a la Audiencia Nacional por no actuar para erradicar la práctica de la tortura en los calabozos consideran que Juan Miguel Monge Pérez debió recoger en sus informes todo lo que le relataba Barrenetxea en cada visita, «independientemente de la constatación de lesiones».

En nombre de los profesionales que trabajan por la erradicación de la tortura o trato cruel, inhumano o degradante, Etchegoyen advierte de su actitud y la pone en consideración de la AMM, al estimar que puede ser motivo de castigo. «No solo admite que efectivamente Barrenetxea le relataba las torturas y malos tratos que recibía en cada visita, sino que responsabiliza a la propia víctima por la ausencia de un examen físico adecuado que permitiera constatar lesiones», apunta la doctora.

Destaca que la declaración íntegra de Monge Pérez «no hace más que reforzar» su denuncia ante la asociación. El testigo dijo tener constancia de las quejas de Barrenetxea de maltrato y amenaza apostillando que no percibió «signos lesivos», aunque lo cierto es que no la examinó en profundidad.

En su declaración, la denunciante señaló que en los calabozos de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, fue atendida por ese médico, al que contó lo que estaba padeciendo, pero este «únicamente le dijo que estuviera tranquila y no escribió nada». Así, Barrenetxea explicó al forense que, en el viaje desde Arrigorriaga, «me golpearon, me pusieron la bolsa, me desnudaron, y tocaron, me insultaron, y los golpes fueron constantes».

En otra de las visitas, le contó que los agentes que la interrogaban le amenazaban «con dejarla estéril». A preguntas de su abogada, afirmó que el forense «en ningún momento se preocupó por nada» y se limitó a decirle que «estuviera tranquila, que era normal que estuviera nerviosa». Además, recordó que no le dio nada para calmar el dolor de cuello del que se quejaba.

En el estremecedor testimonio ofrecido en la segunda jornada del juicio, Sandra Barrenetxea explicó al fiscal que ella veía que el forense no escribía nada. «No vi que apuntara nada de lo que yo le contaba. Yo esperaba que actuara como un médico», añadió.

Frente a esa actitud, la AMM defiende, y así lo resalta Etchegoyen, «que la documentación y denuncia cuidadosas y consistentes hechas por los médicos de casos de torturas y de los responsables contribuye a la protección de la integridad física y mental de las víctimas y de manera general a la lucha contra una afrenta importante a la dignidad humana». Además, argumenta que la falta de documentación y denuncia de casos de torturas «puede ser considerada como una forma de tolerancia de eso y de omisión de ayuda a las víctimas».

Contundente fue también la denunciante al indicar al letrado de la defensa, Carlos Aguilar: «¿Para qué le iba a decir al forense que me habían bajado los pantalones, si no era capaz de darme un analgésico para los dolores de cuello?».

Etchegoyen recuerda en la última comunicación con la AMM que la propia asociación establece el cuidado que los médicos deben tener con las víctimas debido a las secuelas sicológicas que sufren o las presiones a que están sometidas, pues «a menudo no pueden formular ellas mismas reclamos contra los responsables del maltrato que han sufrido».

 

Goirizelaia avisó de que obviar el relato no es «prueba de falsedad»

El testimonio del forense se convirtió en pieza fundamental de la defensa de los guardias civiles responsables de la detención de Sandra Barrenetxea en el juicio reciente celebrado en la Audiencia de Bizkaia y aún pendiente de sentencia. La abogada de la víctima, Jone Goirizelaia, advirtió que el hecho de que los informes rubricados por Juan Miguel Monge Pérez no recojan la existencia de lesiones no puede considerarse como «prueba de falsedad», ateniéndose a la jurisprudencia y a los informes del Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

Incidió Goirizelaia en que la incomunicación propicia una «falta de control judicial», pues el médico no asumió su responsabilidad. La actitud mantenida por el forense llevó a la abogada a manifestar que «no ejerció un control real ni suficiente sobre lo que estaba ocurriendo, por lo que existió un espacio de impunidad».

Monge Pérez, según relató, cursó visitas cada doce horas a los calabozos de la Guardia Civil por indicación del juez Fernando Grande-Marlaska, en las que «a simple vista no apreció signos lesivos». Esa valoración llevó a Goirizelaia a decir que le «extrañaba» que golpes, amenazas o la práctica de la bolsa que Barrenetxea denunció haber sufrido se produjeran «justo antes» de cada inspección del forense. La tesis de la acusación es que los signos evidentes de la asfixia o de los golpes con la mano abierta, además de las vejaciones sexuales, se detectan «poco después» de haberse producido los malos tratos, no transcurridas unas horas.

Fuentes médicas corroboran que unos niveles de tensión arterial y pulso «normales», o el estado de las pupilas, «no son determinantes» para descartar la tortura, pues se puede dar el caso que desciendan tras sufrir maltrato y estrés.

Los doctores que informaron a la Asociación Médica Mundial dan mucha importancia a que se incluyan en los informes forenses los relatos de los detenidos. Acusan a los facultativos dependientes del Ministerio de Justicia de no documentar los casos adecuadamente. La respuesta del Estado español, según los denunciantes, se limita a formular «consideraciones generales», sin pronunciarse sobre los casos precisos y acerca del papel jugado por los forenses de la Audiencia Nacional. A.G.