La determinación de la mayoría soberanista catalana ha hecho quitarse todas las caretas al Estado español. La operación de la Guardia Civil que se saldó ayer con 41 registros –entre ellos varias dependencias del Govern–, arresto de 14 personas –la mayoría altos cargos del Ejecutivo– e incautación de alrededor de 10 millones de papeletas para el referéndum del 1 de octubre, sumada a la firma del ministro de Hacienda en la orden de no disponibilidad de gasto con la que se consuma la intervención de la autonomía catalana también en lo presupuestario, marca un antes y un después, un punto de no-retorno. Ya nada será igual. Con el operativo el Gobierno de Rajoy ha asestado un golpe a la logística del plebiscito, es evidente, pero en su ceguera ha hecho el harakiri a cualquier pretensión del Estado de legitimarse. Y sin lograr siquiera el objetivo inmediato: el Govern en pleno respondió manteniendo su apuesta por la democracia.

Si hasta ahora el Gobierno español había dado sobradas muestras de su carácter autoritario prohibiendo el referéndum, cercenando las libertades de reunión y expresión, requisando papeletas y amenazando a medios de comunicación, ayer instauró el estado de excepción en Catalunya y puso fin de facto al cuento del Estado de las Autonomías, basado en un reparto de poder (obviamente muy desigual) que ayer saltó por los aires. También dinamita la farsa de la Transición. El golpe de ayer revela el proceder de un Estado que carece de cultura democrática 42 años después de enterrar físicamente a Franco, que nunca ha negociado, jamás ha pretendido convencer y que solo saber imponer su voluntad, por métodos violentos si hace falta.

En esta tesitura, los llamamientos al Gobierno de Rajoy a que abra un diálogo no tienen recorrido alguno. Y la situación deja irrisorio el listado de Urkullu de transferencias pendientes, hace ya 38 años. El debate de política general de hoy en el Parlamento de Gasteiz debería ser el primer exponente en Euskal Herria de este nuevo tiempo.