El sargento de la Guardia Civil que comanda el cuartel de Corella está imputado por ocho delitos, entre ellos el de tortura. Han sido sus propios compañeros, sometidos a una enorme presión, vejaciones y maltratos por parte del suboficial, los que han revelado el caso. Un sindicato del cuerpo, la Unión de Guardias Civiles (UGC), decidió hacer pública las partes fundamentales de la denuncia penal, con el objeto de que la Comandancia actúe con celeridad y aparte de sus funciones al sargento. No obstante, muchos de los detalles del caso eran conocidos en el pueblo. Fuentes conocedoras del sumario han asegurado que las víctimas de las presuntas torturas serían un magrebí y una mujer de origen chino.

Actualmente, el caso está en manos del Juzgado de Instrucción Número 5 de Tutera. Los cargos serían los siguientes: «Falsificación en documento oficial, omisión en el deber de perseguir delitos y/o encubrimiento realizado por funcionario público, abuso en el ejercicio de su función y libertad sexual, prevaricación, delito contra la salud pública en grado de encubrimiento, de torturas y contra la integridad moral de carácter grave y por violación de las garantías constitucionales». En el caso de las presuntas torturas, habrían ocurrido en los años 2006 y 2007.

Apoyo de la jerarquía

Antes de llegar a hacer públicos los detalles, ha habido movimientos de cara a solucionar internamente el escándalo por parte de la UGC. Por ejemplo, se le envió al capitán del cuartel de Tutera un sobre cerrado con información relevante, en particular, sobre las acusaciones de falsedad documental. Según el sindicato, el capitán de Tutera decidió taparlo todo, ya que no les consta que hubiera acudido a ningún tribunal a comunicar estas pruebas. De hecho, el sindicato va más allá y manifestó públicamente que tiene dudas de que se esté colaborando con la instrucción. En concreto, en una rueda de prensa, los responsables de la UGC hablaron de resistencia a entregar la información que demanda el juzgado que instruye el caso. En esta presunta obstrucción a la justicia española habría intervenido otro agente de la Comandancia de Iruñea, que tiene grado de alférez y al que une un vínculo de amistad con el sargento.

El caso es de sobra conocido por parte de los más altos responsables de la Guardia Civil en Nafarroa. No cabe olvidar de que el sargento es el máximo responsable del cuartel de Corella y tiene a su mando a 14 agentes. Tan grave es la situación dentro del cuartel que, hace solo un año, todos ellos (entre los que hay mujeres) mantuvieron encuentros con el gabinete psicológico.

Pese a todas estas evidencias, el coronel jefe de la Guardia Civil sigue sin hacer nada. Según han referido los portavoces de la UGC, la situación ha llegado a tal extremo que no es descartable que «en un mal momento» alguien recurra a su arma de fuego debido a la presión.

Lejos de intervenir para solventar la situación, están llegando a oídos del sindicato coacciones a testigos clave en el proceso judicial, como pudiera ser un «suboficial del grupo de tecnologías de la información de Pamplona» que a día de hoy se encuentra de baja. Además del propio sargento, habrían tomado parte en estas presuntas coacciones a las que se hace referencia otros mandos del cuerpo.

Bajo sumario y pocos datos

Esta es la segunda vez que la UGC alerta de que hay muchos indicios de que el sargento de Corella sea corrupto. En la primera de ellas -en la que informaba por primera vez de la denuncia por la que hoy se encuentra imputado- aseguró que llevaban tiempo buscando entrevistarse con el máximo responsable de la Guardia Civil en Nafarroa: el coronel Juan Luis Pérez. Pero el coronel no les recibe, en una actitud que los guardias civiles calificaron como «impresentable».

Al tratarse de un caso que ya está siendo investigado en los juzgados de Tutera, la UGC no ha querido dar demasiados detalles sobre el mismo. No obstante, al hacerse públicos los cargos, vecinos de Corella apuntaron a este periódico que los «camellos» en el pueblo se mueven con gran impunidad y que se ha hablado bastante de la relación del sargento con algunos de estas personas. En este sentido, no les ha sonado para nada extraño el presunto «delito contra la salud pública en grado de encubrimiento».