Los 19 detenidos en la operación contra Herrira -hoy se cumple exactamente un año- han reclamado al Ministerio español del Interior una petición de indemnización por responsabilidad patrimonial de la administración pública al considerar que tanto las manifestaciones realizadas por el ministro Jorge Fernández Díaz sobre los arrestos como la información que se divulgó a través de los medios de comunicación les han provocado daños morales y lesión de derechos fundamentales.

En la denuncia presentada se recuerda que Fernández Díaz, en una aparición televisada proclamó que Herrira era «un tentáculo de ETA» a pesar de que «no había sido siquiera juzgada por ello y cuando estos términos ni siquiera habían sido recogidos en el auto» de la Audiencia Nacional española. Estas manifestaciones fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación.

Sin ningún tipo de presunción

Fernández Díaz, además de calificarles de «tentáculo de ETA», saltándose cualquier presunción, les tildó de «miembros y dirigentes» y señaló a Herrira como «sucesora de Gestoras pro-Amnistía/Askatasuna» y acusó a Herrira, saltándose también cualquier presunción, de «monopolizar los actos de enaltecimiento, ensalzamiento y justificación de los terroristas y los delitos cometidos por ellos».

Los demandantes consideran que las palabras del ministro y la información divulgada «generaron una situación de enfado, rabia y zozobra, así como un gran daño» a Herrira. Además, subrayan que «la Administración Pública no ha tenido la más mínima cautela al divulgar la información señalada, prejuzgando así su culpabilidad sobre la eventual comisión de una serie de delitos, ya que no se les ha sometido a un proceso judicial con todas las garantías constitucionales».

Fotos antes de la declaración

Consideran que la publicación y distribución de la fotografía del DNI de cada uno de los detenidos junto a datos de su vida privada afecta a su reputación, estima y buen nombre y destacan que todo ello se ha agravado a través de la difusión mediante Internet, prensa escrita y televisión. El hecho de que las acusaciones afecten a la autoría de delitos considerados «muy graves» por el Código Penal «hace aún más grave la vulneración».

«Los reclamantes entienden vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya que se les ha acusado de la autoría de delitos `muy graves' sin haber sido juzgados por ello. Es más, cuando se publicó la nota de prensa los detenidos ni siquiera habían realizado la declaración policial, y menos aún la declaración ante el juez de instrucción», añaden en la demanda, en la que destacan que Herrira, como asociación, también vio vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y que se conculcaron los derechos fundamentales al honor, la intimidad y a la propia imagen de los detenidos.

Por ello, piden una indemnización de cien mil euros para cada uno de los detenidos y otros cien mil euros para Herrira como asociación, lo que supone un total de 1,9 millones de euros.

La demanda ha sido presentada ante el Ministerio del Interior, tal y como exige el procedimiento. Ante la previsible negativa de admitirla, los demandantes están dispuestos a recurrir a los tribunales españoles y, agotada esta vía llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

Los demandantes consideran que existe suficiente jurisprudencia a nivel europeo para que su solicitud pueda ser aceptada. En este sentido, señalan que la ley está clara y que incluso los tribunales españoles tendrían que darles la razón. Destacan que la legislación es clara y que no tendrían que existir problemas para que se aceptase su demanda incluso en los tribunales españoles, aunque no tienen muchas esperanzas.