Tras la publicación este pasado lunes en el boletín oficial de Nafarroa de la modificación de la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio, de Contratos Públicos, «para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas», LAB destacó el paso logrado para que sea de aplicación «tanto en las empresas subcontratadas por el Gobierno foral como en subcontrataciones hechas por ayunta- mientos y mancomunidades». Y añadió que afectará a quien trabaje para el sector público en Nafarroa.

La central sindical recordó que este cambio en la legislación es fruto de dos iniciativas sindicales ante el Parlamento de Nafarroa. Tras su aprobación y publicación de la nueva normativa, LAB aseguró que el nuevo texto «va en la dirección adecuada los avances que esta nueva normativa recoge para los y las trabajadoras subcontratados. Se recoge la ultraactividad de los convenios de aplicación y potencia el Convenio Sectorial de Nafarroa de referencia como condición mínimas a aplicar». Por lo que entiende que limita los efectos de la reforma laboral y garantiza la subrogación del personal y sus condiciones sociolaborales, aunque cambie la empresa contratada.

Lamenta, sin embargo, que no se ha conseguido «garantía de condiciones y salario ante posibles procedimientos de descuelgue, garantía de empleo ante despidos, mayor cobertura a la salud laboral y medidas para garantizar la igualdad de genero y el fomento del euskera entre otras carencias».

LAB insistirá en esta labor en introducir esta normativas ya vigente con la orden foral de Gipuzkoa e indica que seguirá trabajando. De hecho, hoy se concentra ante el Ayuntamiento de Bilbo para que el pleno apruebe una iniciativa similar.

Por otro lado, las Juntas Generales de Bizkaia rechazaron una iniciativa similar de EH Bildu sobre el control de las obras públicas, ya que según este grupo en «algunas de las mismas» se han precarizado las condiciones laborales «acercándose a la esclavitud». Solo contó con el apoyo del PSE, mientras que PNV y PP votaron en contra.

El PSE recordó la existencia de situaciones de «semiesclavitud», que se han producido en obras con apoyo del sector público, como las de San Mames Barria y en los trabajos de los ejes viarios de Autzagane, Gerediaga o en las de Bermeo.