Celebrar el día y el año en que Colón llegó a la pobladísima América implica –por muy banal que resulte recordarlo– vincular desde el origen la constitución presente del Estado español a dos expulsiones (judíos y moriscos), un genocidio (el de los indígenas americanos) y la represión tanto de los españoles disconformes con esta visión de España como de los pueblos que la rechazan y a los que nunca se ha preguntado si quieren o no formar parte de la misma. El 12 de Octubre es sin duda una desafortunada elección que ni siquiera una democracia mejor fundamentada podría resignificar por completo, pues una democracia de verdad la dejaría a un lado para festejar la fecha de su propia autofundación soberana. Más de quinientos años después, por tanto, esta efeméride, declarada «fiesta nacional», sólo sirve para revelar el fracaso en la construcción democrática de «España» y la voluntad del régimen del 78 de ceñirse al mismo proyecto y a los mismos métodos. Cuando han pasado sólo tres semanas de las elecciones catalanas, espejo de la trágica chapuza de esta construcción, celebrar otro 12 de Octubre, más allá de su eco «imperial», muy provocativo para los latinoamericanos, es tanto como celebrar un año más la victoria sobre el derecho y la democracia; es decir, la continuidad sin ruptura de la España metafísica de los Reyes Católicos, Fernando VII, José Antonio Primo de Rivera y Rajoy.

Nada tiene de raro, por tanto, que la campaña Herriak Libre haya escogido esta fecha –el próximo 12 de octubre– para anunciar en un acto público en Iruñea las conclusiones y la sentencia de los juicios populares simbólicos que, desde hace dos meses, viene realizando tanto dentro como fuera del País Vasco: una iniciativa que quiere llamar la atención sobre esa continuidad «nacional», recordando los crímenes históricos del imperialismo y el colonialismo español, desde luego, pero asociándolos sobre todo al presente en Euskal Herria. No se trata, pues, de historia pasada sino de lucha presente. La iniciativa de Herriak Libre, en efecto, pretende responder con un contraproceso simbólico de carácter popular a las prácticas jurídicas, policiales y mediáticas del Estado español y, en concreto, al juicio que el próximo 19 de octubre sentará en el banquillo a cinco activistas de la organización internacionalista Askapena, amenazada asimismo de ilegalización.

De qué se acusa a los cinco de Askapena? De haber plantado un árbol por orden de ETA; de haber corrido una maratón, haber asistido a un partido del Athletic de Bilbao y haber comido verdura biológica por orden de ETA; de haberse atado los zapatos y haberse lavado los dientes por orden de ETA. No son éstos los cargos, claro, pero los hechos de los que se les acusa son tan legales como los mencionados (organización de brigadas internacionales, operaciones de comercio justo, apoyo a la campaña BDS, asistencia a Foros Sociales) y lo que los convierte en criminales a los ojos de la Audiencia Nacional, y ello hasta el punto de merecer 6 años de cárcel, es la indemostrable voluntad de ETA en la sombra. Invirtiendo la carga de la prueba, suspendiendo de facto la presunción de inocencia, aplicando una vez más el principio de analogía, contrario a la definición misma del derecho democrático, los acusados tendrán que probar que viajaron, hablaron, caminaron y bebieron café por propia iniciativa. Esta lógica absurda, lo sabemos, es desgraciadamente la norma desde hace muchos años en el País Vasco, donde la más peligrosa ingeniería jurídica, con la inapreciable colaboración de la mayor parte de los medios de comunicación, se ha puesto al servicio de un plan ideológico antidemocrático: el de perseguir y criminalizar, no el terrorismo y a quienes lo practican, sino la opción política de la autodeterminación y la independencia, aunque se defienda por medios políticos y pacíficos. Basta mencionar que, entre los más de 150 imputados vascos en espera de juicio, hay activistas de los derechos humanos, abogados y psicólogos y, desde luego, familiares de presos, y eso por no hablar de Arnaldo Otegi, secretario general de Sortu, encarcelado desde 2011 por haber emprendido y apoyado un proceso de paz que deja fuera de juego a ETA y la violencia armada.

Nos gustaría excluir como un delirio irracional y demagógico la idea de la politización de la judicatura y de la judicialización de la prensa, pero desgraciadamente el proceso a «los cinco de Askapena», como tantos otros antes en Euskal Herria, viene a demostrar hasta qué punto España sigue atrapada en una historia marcadamente ideológica que obstaculiza su democratización. Ya es malo tener que resignarse a la politización de los tribunales; lo peor, en todo caso, no es que este juicio –y su cobertura mediática– sean «políticos»; es que, además, lo son en defensa, no de una política de paz y de diálogo, ahora que ETA ha dejado de existir para esperanza de todos, sino de confrontación y de resurrección del conflicto. Por desgracia, perseguir un fantasma que no existe, e incluso intentar devolverlo a la vida, sigue dando réditos electorales. Si no de juicio jurídico (que hay que exigir), confiemos en un último resquicio de juicio político por parte de la Audiencia Nacional.

No tiene por qué gustarnos plantar árboles ni correr maratones ni la plantilla del Athletic de Bilbao ni la verdura biológica. Quiero decir que no tienen por qué gustarnos ni los encausados ni su proyecto político. No es esa la cuestión. No sólo sus compañeros y no sólo los vascos; todos los españoles –y sobre todo los responsables políticos y los periodistas– deberían comprender la amenaza colectiva que representa para todos la lógica de excepción que desde hace décadas se impone rutinariamente en el País Vasco, y que ha empezado a extenderse a Galicia, a la comunidad musulmana y a los medios activistas en general. Hay dos motivos para que nos sintamos concernidos por la suerte de «los cinco de Askapena». Uno: que su proceso es políticamente contrario a la razón política y a la voluntad de la mayor parte de los ciudadanos, los cuales quieren paz e integración democrática; y –dos– que viola los principios elementales del derecho, sin el cual no podrá haber nunca verdadera democracia en España y, por lo tanto, verdadera seguridad jurídica y política para nadie. Esto debería importar a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de nacimiento y de la opinión que nos merezcan los encausados y las ideas que defienden. Mientras esta lógica criminalizadora se imponga sin escándalo, mientras el derecho tenga excepciones o burbujas «territoriales» e «ideológicas», mientras no permita plantear democráticamente incluso el derecho a no compartir su historia, en España será todos los días 12 de octubre, la «fiesta nacional» de la amnesia, la confrontación y la dictadura política.