Pues bien, el 28 de Junio, en la Mesa Sectorial de Sanidad, se presentó a los sindicatos el proyecto de Decreto que regula la ordenación de la estructura de las organizaciones de servicios sanitarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi (las llamadas OSI) y el régimen de funcionamiento y constitución de las Unidades de Gestión Clínica (UGC).

Es decir, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco introduce dos elementos organizativos importantes en los centros de trabajo: las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), que son estructuras que unifican la Atención Primaria y la Atención Especializada y que van a actuar bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión; y las Unidades de Gestión Clínica (UGC), que van a unificar a grupos de personas, tecnologías e infraestructuras, bajo un contrato de gestión clínica que se realizará con la Gerencia de cada centro.

Hemos de decir que las OSI han ido implantándose desde 2011 en toda la red de Osakidetza, sin ningún consenso con la parte social. LAB considera que, con la creación de las OSI, la atención hospitalaria está fagocitando a la Atención Primaria, dejando la prevención y promoción de la salud muy mermadas y perjudicadas.
 
Pero, además de las OSI, Osakidetza pretende implantar las Unidades de Gestión Clínica (U allí donde se considere necesario. Entre los diferentes tipos de UGC están las que integran servicios de una o varias OSI con servicios de hospitales vinculados o concertados con Osakidetza; es decir, con hospitales y centros sanitarios privados. El Decreto además, deja claro que «se podrán crear organizaciones de servicios dotadas de personalidad jurídica propia» lo cual obviamente las convierte en microempresas que pueden llegar a competir entre ellas. LAB denuncia que Osakidetza, con este  Decreto, está imponiendo un modelo de gestión empresarial altamente tóxico para nuestra sanidad pública vasca.

Experiencias de otras Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias, Catalunya, Castilla León) dejan bien claros los peligros de estas Unidades de Gestión Clínica.

Pero ¿cómo funciona una UGC? El Departamento de Salud transfiere a las UGC unos presupuestos a cambio del logro de objetivos. Pero estos no suelen incidir en actuar sobre los principales determinantes de salud de las poblaciones (medioambientales, laborales, sociales,.….), sino que los objetivos, más bien están destinados a reducir el consumo de recursos sanitarios (pruebas diagnósticas, derivaciones a especialistas, ingresos hospitalarios, farmacia, sustituciones de profesionales sanitarios y no sanitarios por ausencias….). En las UGC se promueve la competencia entre profesionales y unidades y se recompensa con incentivos a los miembros del equipo (personal sanitario) por la consecución de los objetivos marcados. Las direcciones de las UGC son generalmente para personal facultativo, aunque también se permite al personal de enfermería acceder a ellas. Por ello, a cambio de poder participar en el reparto del pastel, en julio de 2013, el Sindicato Médico y el Sindicato de Enfermería (SATSE) firmaron el ‘Pacto por la sostenibilidad y la calidad del sistema nacional de salud’.

Otra prueba del verdadero interés en las UGC la encontramos en un documento de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que apunta que la adhesión a una unidad debe ser voluntaria, pero que esa asunción voluntaria requiere de incentivos que necesariamente deben ser económicos y que la cantidad no debería ser inferior a 12.000 euros anuales por facultativo o facultativa. ¿Dónde va a quedar la asistencia sanitaria si está influida por objetivos economicistas?

Que el PNV traspase al personal sanitario la ejecución de políticas de recorte de gasto sanitario nos parece aberrante, porque pervierte el sistema sanitario público. Con este paso, el partido jeltzale deja en evidencia una vez más su talante neoliberal y mercantilista, pero encontrará en su camino a las y los que apostamos por la defensa de una sanidad pública, universal y de calidad, y sobre todo, para recordarles que la sanidad no les pertenece. La sanidad es de toda la ciudadanía y requiere del consenso de todas las personas que vivimos en este país.