Atrancas y barrancas, por encima de los obstáculos y de los retos logísticos que, según la ONU, «siguen dificultando el buen desarrollo de la implementación» del acuerdo de paz, el proceso colombiano sigue su macha. Ayer dio un pequeño paso que resulta enorme en su dimensión simbólica: la misión de la ONU empezó el proceso de verificación de la dejación de armas por parte de las FARC-EP.

Lo hizo recibiendo las armas de los propios miembros de la guerrilla que forman parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, tríada formada por las FARC, la ONU y el Gobierno colombiano. Es el primer paso de un proceso que, según el calendario, se alargará como mínimo durante los próximos 180 días, en los que los 450 observadores internacionales registrarán y almacenarán las armas de la guerrilla. En paralelo, esta semana deberían quedar en libertad los primeros 1.500 guerrilleros cuya libertad ya ha sido firmada en cumplimiento de la Ley de Amnistía.

Todavía son muchas las incertidumbres que acompañan al proceso colombiano, sobre todo en referencia a algunos incumplimientos del Gobierno –la infraestructura en las Zonas Veredales sigue siendo un desastre– o a las reticencias de algunos estamentos del Estado, como el judicial, a implementar con todas sus consecuencias el acuerdo de paz. Pero con todo, el proceso colombiano sigue siendo un ejemplo para aquellos países en situación de postconflicto, así como un revelador espejo para aquellos que aplauden el proceso de paz en Colombia pero prefieren ignorar la mano extendida de ETA para llevar a cabo un desarme para el que verificadores internacionales han mostrado su disposición. Felipe de Borbón aplaudió ayer el inicio de una dejación de armas en la que el Estado español colabora con la aportación de 18 observadores, mientras que Hollande visitó recientemente las Zonas Veredales de los guerrilleros. Gestos loables que, incomprensiblemente, Madrid y París se niegan a dar en Euskal Herria.