Un total de 75 personalidades ecuatorianas, entre las que se encuentran Rodrigo Borja Cevallos, expresidente de la República de Ecuador, Rosa Mireya Cárdenas, viceministra de Justicia y presidenta de Alfaro Vive, o Dolores Padilla, excandidata a la vicepresidencia, han suscrito un manifiesto de apoyo a la resolución del conflicto en Euskal Herria. El documento se ha presentado en Quito y ha contado con la presencia de Paul Ríos (Lokarri) y Alberto Spektorovsky, del Grupo Internacional de Contacto (GIC).

El acto, que ha tenido lugar en la Casa de la Cultura de Quito, ha sido organizado por el Grupo Promotor de Ecuador, Serpaj, Colombianos y Colombianas por la Paz, Lokarri, el Grupo Internacional de Contacto, la Universidad Metropolitana de Quito y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. «Nos sumamos a los llamamientos de la comunidad internacional pidiendo la implicación de los gobiernos español y francés en el proceso de desarme, de manera que se facilite un marco adecuado para que este pueda concluir de manera acordada, verificada, ordenada y controlada», señala.

El documento, firmado por un total de 75 personalidades ecuatorianas, supone la adhesión a la «demanda internacional de diálogo», después de que el Parlamento Andino, una institución regional, ya emitiese una resolución dando su apoyo al desarme escenificado por ETA en marzo de 2014. «Desde Ecuador hemos tomado el relevo y llamamientos realizados en estas conferencias», dice el texto, en referencia a los actos celebrados en México, Uruguay y Argentina, «y deseamos seguir sumando apoyos de cara a alcanzar una paz justa y duradera en el País Vasco. Recomendamos para ello la aplicación de la hoja de ruta que representa la Declaración de la Conferencia Internacional de Paz de Donostia-San Sebastián del 17 de octubre de 2011».

Por ello, los firmantes saludan «el trabajo realizado por el Grupo Internacional de Contacto y la Comisión Internacional de Verificación», así como el anuncio del 21 de febrero de 2014 por el que la organización vasca anunció que ya había comenzado «el proceso unilateral de sellado y puesta de fuera de uso operativo de sus armas, munición y explosivo».

Un movimiento de calado que, tal y como recuerda el propio documento, fue seguido por el «desmantelamiento de todas las estructuras logísticas y operativas derivadas de la lucha armada» que anunció ETA. El texto del «Capítulo Ecuador por la Paz en el País Vasco» no se limita a enumerar algunas de las tareas pendientes y a reclamar a Madrid y París implicación ante el contexto político abierto por los diversos movimienots de ETA. También recuerda las consecuencias de la violencia política en Euskal Herria que han afectado, de uno u otro modo, a Ecuador.

En este sentido, lamenta que «el conflicto armado ha superado las fronteras y, por desgracia, ha afectado a Ecuador». Hace referencia, en primer lugar, a la muerte de los ciudadanos ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio tras el atentado contra la T4 en Madrid que llevó a cabo ETA el 30 de diciembre de 2006. Además, hace mención a las torturas sufridas en el país andino en 1985 por los refugiados políticos vascos Alfonso Etxegarai y Miguel Ángel Aldana. «Nos hallamos ante un nuevo tiempo político que exige actuar sin demora, dar paso a la ruta y espíritu de pazpor encima de la lógica y la confrontación», asegura el texto, que fue leído por la viceministra de Justicia ecuatoriana, Rosa Mireya Cárdenas, presidenta de Alfaro Vive.

El documento tampoco olvida el proceso de paz que se está desarrollando en Colombia. «En América Latina, los gobiernos y personalidades han jugado un papel fundamental en los diálogos para alcanzar la paz», afirma, «lo que beneficia a la región, finalizando un proceso de consecuencias graves y entendiendo la necesidad de conseguir la resolución de todo conflicto en el mundo por la vía del diálogo».

Cabe recordar que Ecuador se ha ofrecido como país mediador ante un posible proceso de diálogo entre el Ejecutivo de Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la imagen de las conversaciones que se desarrollan en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).