Un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía ha confirmado la muerte de dos militares en un ataque contra un cuartel de la Gendarmería en Agri. Según se señala tras la explosión el cuartel fue tiroteado con armas automáticas. Un diario local asegura que en el ataque fue despedazado el militante que conducía el vehículo agrícola cargado de explosivos.

Aparte de los dos soldados fallecidos, otros 31 resultaron heridos, cuatro de ellos de forma grave, añade la institución castrense.

También durante la misma madrugada otro soldado murió al estallar una mina colocada al paso de un convoy militar en la provincia de Mardin, una táctica clásica del PKK.

Con estos ataques ya son 17 los muertos entre los cuerpos policiales y militares desde que la guerrilla, el 24 de julio pasado, dio por roto el alto el fuego.

Por su parte, el Ejército turco continúa su campaña contra los refugios del PKK. El sábado un ataque aéreo contra el pueblo de Zargali, en las montañas del Qandil, mató a 8 civiles.

Ankara rechaza alto el fuego

La polémica se añade a la tensión interna de Turquía, donde ayer, 20 intelectuales, parte de un grupo nombrado por el propio Gobierno hace dos años para respaldar el proceso de paz, firmó un comunicado para pedir el fin inmediato de los enfrentamientos armados y la recuperación del diálogo político y civil.

En la misma línea, el líder del partido izquierdista y prokurdo HDP, el cuarto del Parlamento, Selahattin Demirtas, ha reiterado su llamamiento a ambos bandos de hacer callar las armas.

«El PKK debe silenciar las armas y quitar el dedo del gatillo, y el Gobierno debe poner fin a sus operaciones. No digo que el Estado deje las armas pero otra cosa es quitar el dedo del gatillo», ha subrayado Demirtas.

Sin embargo, horas después el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, restaba autoridad a Demirtas, alegando que el PKK le permite «jugar el juego político» pero sin otorgarle «derecho a hablar», y «sin parar de desmentir al día siguiente lo que dice».

Davutoglu ha asegurado que «el mayor golpe al proceso de paz» fueron las protestas del parque Gezi, iniciadas en verano de 2013, «en la que se aprovechó un asunto ecológico para convertirlo en una gran anarquía social».

Durante las manifestaciones de Gezi, reprimidas mediante enormes cargas policiales, se unieron por primera vez izquierdistas, militantes kurdos, nacionalistas republicanos y colectivos de todo el espectro social, como feministas, activistas por los derechos de gays y lesbianas o ecologistas en un bando común enfrentado al Gobierno.