Se trataría de aplicar un sistema de gestión indirecta de prestación de servicios sociales con la denominación de concierto social o acción concertada.

Se trata de establecer normas sobre el proceso de selección, en términos semejantes a las reglas de las contrataciones, poniendo especial énfasis en aspectos como la preferencia por las entidades sin ánimo de lucro, el uso de cláusulas sociales, la valoración de la experiencia y la trayectoria de las entidades.

Miguel Laparra ha realizado estas declaraciones durante el acto de inauguración de la jornada ‘La prestación de servicios públicos por las entidades sociales como motor de transformación social’. Una actividad organizada por el Cermin que, entre otras cuestiones, ha analizado la mencionada directiva europea, los diferentes modelos autonómicos de conciertos sociales y los objetivos sociales de la contratación pública.

La jurisprudencia europea establece como requisitos que las entidades con las que se concierte la gestión de un servicio social tengan una finalidad social, persigan objetivos de solidaridad y no ejerzan actividades comerciales en este ámbito, o al menos que sean marginales y apoyen la consecución de la actividad social de la entidad.