«Se entiende que no hay posibilidad, en el momento en que nos encontramos, de tomar una decisión como ésa, que implicaría ir contra la Orden Foral de 2016 y contra las resoluciones», ha manifestado en comisión parlamentaria, en la que ha informado sobre el resultado del requerimiento para la acreditación de la Formación Pedagógica y Didáctica y la decisión de excluir a los interinos que carezcan de la misma.

La consejera ha explicado que una moratoria implicaría perjudicar a los 3.306 interinos que «sí están cumpliendo con el requisito», y «tampoco podemos perder de vista a esas personas».

En este sentido, ha trasladado que «no hay margen, ni plazo, ni criterio jurídico» que sostenga la paralización del proceso y la vuelta a «aquella lista general en la que todo el mundo estaba incluido y no constaba quién tenía qué». «No tenemos margen para tomar en este momento esa decisión», ha reiterado.

En cuanto a las alegaciones de las personas que acreditaron estar en posesión del máster en el año 2010, Solana ha manifestado que la administración «no tiene constancia de ello», porque en un determinado momento «se deja de apuntar quién acredita qué» y ya no se puede determinar quiénes lo han aportado y quiénes no.

La consejera ha recordado que, de las 2.251 personas excluidas, cerca de 2.000 «nunca han trabajado con esta administración».

Igualmente, ha asegurado que se estará en disposición de contar con personal «suficiente» para atender las necesidades de todos los centros porque 3.306 docentes cuentan con el citado requisito y se prevé una contratación de 2.493 trabajadores, además de una oposición de Secundaria en varias especialidades para 2018.

En todo caso la consejera ha reconocido que se ha suscitado una «amplia queja» sindical al haber anunciado una resolución «sin haber tenido opción de debatirla previamente» y por ello ha asumido que «hubiera ayudado mucho» realizar una comunicación masiva aunque no estuvieran «legalmente obligados» a ello.

«Ni el departamento ni yo, personalmente, somos ajenos a las reclamaciones que de todos los sindicatos, cada una con su matiz, nos van llegando», ha añadido Solana, que ha aclarado que «lo que se propone como solución no lo es en todos los casos».

En este sentido, ha afirmado que las formuladas «son buenas ideas» pero que «llegan en un momento en el que el procedimiento está tan avanzado que no se pueden realizar».

Sin embargo, ha destacado que «no hay ninguna queja interpuesta frente a la Orden Foral que se adopta en abril de 2016 en la que se determina que esto va a ser así a partir de 2017-2018».

Por UPN, Alberto Catalán ha considerado que la consejera «tiene que depurar responsabilidades» y «cesar inmediatamente a la responsable de Recursos Humanos» por haber actuado con «irresponsabilidad».

En nombre de Geroa Bai, Isabel Aramburu ha garantizado que el procedimiento «no tiene ninguna tacha en cuanto a legalidad», mientras que la parlamentaria de EH Bildu Miren Aranoa lo ha calificado como un «despropósito que tiene su origen desde muy atrás» y que «no se ha gestionado como debiera».

La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha recomendado a Solana que «escuche» a los sindicatos, incluida la petición de cesar a la responsable de Recursos Humanos, porque «por algo lo dicen».

Por el PSN, Carlos Gimeno, que ha denunciado que el departamento genera «angustia», se ha mostrado sorprendido de que la consejera haya acudido a la comisión «sin ejecutar un cese».

Javier García, PP, ha pedido una «solución inmediata» a un problema «creado por el propio departamento».

Y la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha apostado por dar «prioridad» a las personas que tienen la titulación, aunque ha solicitado una solución que permita, a quienes no la tengan, obtenerla «en el tiempo que sea» y volver a las listas.