La noticia saltaba hace días y con ella llegaba la tempestad diplomática. Un informe de la ONU califica oficialmente a Israel como un Estado de Apartheid. Y no utilizando el término en su acepción peyorativa u ofensiva, sino priorizando la precisa definición legal que el crimen de apartheid tiene en el derecho internacional. El Gobierno israelí, afanado en proyectarse en el mundo como la «única democracia de Oriente Medio», similar a las occidentales y liberales, salió en tromba y acusó, especialmente al relator del informe, de «buscar estigmatizar y aislar a Israel» y «negar su carácter judío» mediante la falsa analogía con la Sudáfrica racista.

El informe de la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia Occidental, con sede en Beirut, en sus 76 páginas, culpa a Israel de imponer un régimen de apartheid contra el pueblo palestino, algo que equivale a un Crimen contra la Humanidad. Su relator, el prestigioso jurista Michael Lynk, denunciado por el lobby pro-israelí canadiense por «actividades y hostilidad contra Israel» goza de gran prestigio en Canadá al ser el más destacado jurista en la elaboración de la «Ley de Claridad» que abrió una vía legal a la independencia de Quebec.

En una intervención en 2005 ante la Conferencia Internacional sobre la Cuestión Palestina de la ONU ya adelantó que «los asentamientos fueron prohibidos por la comunidad internacional porque despojaban a la población nativa, creaban estructuras sociales y legales similares a las del apartheid, segregaban el mercado de trabajo, generaban inestabilidad política y significativas violaciones de derechos humanos. Y sobre todo, porque revocaban el derecho a la libre autodeterminación». Y lo ilustró con ejemplos históricos: los asentamientos de ingleses y escoceses protestantes en Irlanda, los franceses en Argelia, holandeses y británicos en Sudáfrica, el traslado por los nazis de poblaciones germanófonas a territorios conquistados, la introducción de rusos y de una burocracia rusoparlante en las repúblicas bálticas, la exportación de colonos marroquíes hacia el Sahara Occidental...

A Lynk no le perdonaron nombrar la palabra nazi y perpetrar historia, dotar de contexto a un conflicto que dura ya más que el apartheid en Sudáfrica. Intentaron coartar su libertad académica, el Gobierno de Netanyahu le prohibió la entrada a los territorios ocupados, ninguno de sus representantes en la ONU accedió a entrevistarse con él.

Crimen contra la Humanidad

Pero no consiguieron acallarlo. Etimológicamente, «apartheid» es una palabra holandesa que significa «separación» y ha sido usada para describir el sistema de segregación racial que la minoría Afrikaner aplicó en Sudáfrica desde 1948 hasta 1991. En el derecho internacional, sin embargo, su uso se ha generalizado a toda práctica gubernamental de dominación racial sistemática. El artículo II de la Convención Internacional sobre la Supresión y Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 lo define como «actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y mantener la dominación de un grupo racial sobre cualquier otro grupo racial y de oprimirlo sistemáticamente». El Estatuto de Roma, que estableció Tribunal Penal Internacional (TPI), lo define como «un crimen de lesa humanidad», junto con la esclavitud, la tortura, la violación sexual de guerra o la deportación forzosa.

Por ello, el TPI podría encausar a un gobernante por Crimen de Apartheid bajo ciertas circunstancias –si su país ha firmado el Estatuto de Roma o si lo pide el Consejo de Seguridad de la ONU–. Ninguna se da en el caso de Israel. Ni firmó el Estatuto de Roma y EEUU vetaría cualquier iniciativa en ese sentido. Pero ese es un tema de procedimiento, como materia de ley podría ser condenado.

Michael Lynk detalla cómo la Administración de Tierras de Israel, que posee el 93% del territorio internacionalmente reconocido, prohíbe por ley el uso o propiedad de los que no son judíos. Desde los tiempos del Fondo Nacional Judío, creado en 1901, ha habido una práctica según la cual una vez que una institución sionista, incluido el Estado de Israel, posee un territorio, por pequeño que sea, no puede ser vendido nunca a nadie que no sea judío, esa tierra sale del mercado por razones estrictamente raciales.

Se detiene también en la Ley de Retorno, otra práctica discriminatoria. Cualquier judío, de cualquier parte del mundo, puede emigrar a Israel, pero ninguna familia palestina expulsada en 1948 puede retornar a su tierra natal. Si un judío se casa con una cristiano de EEUU, puede traer a su cónyuge a Israel; pero si se casa con una palestina que vive en Cisjordania no puede hacerlo.

Fragmentación estratégica

Según el informe, en el contexto del conflicto israelo-palestino, se puede considerar a los palestinos como una «raza». Denomina «fragmentación estratégica del pueblo palestino» al principal método mediante el cual Israel impone el régimen de apartheid. Una guerra prolongada, la partición del territorio, la anexión y ocupación de iure y de facto ha conllevado a que los palestinos sean divididos en diferentes sectores y regiones, administrados por diferentes leyes (4,6 millones bajo leyes militares, mientras que los colones son tratados según la ley civil israelí; los 1,7 millones palestinos con papeles israelíes tienen menos servicios y presupuesto público y más restricciones en el trabajo; los 300.000 palestinos que viven en Jerusalén son discriminados en su acceso a la educación, al trabajo, además de sufrir serias restricciones de residencia y derechos para construir sus casas). Esta fragmentación «estabiliza la dominación racial de los palestinos y debilita la voluntad y capacidad de una resistencia unificada y efectiva».

Para Lynk «la estrategia legal a menudo forma una parte sustancial de campañas políticas y sociales más amplias». Y siendo cincuenta años de ocupación «un periodo de tiempo intolerable» y dado que «Israel se aleja del derecho internacional», a la vista de los pocos frutos que han dado los métodos diplomáticos tradicionales y el ritmo endiablado de los asentamientos de colonos y las demoliciones de viviendas palestinas en Jerusalén, ha sugerido la necesidad de «respuestas más intensivas para acabar con la ocupación y el regimen de apartheid».

«Heroico a ojos de las masas»

El secretario general de la ONU, António Guterres, no ha sabido, o no ha querido, hacer frente a las fuertes presiones. Se ha desmarcado del informe, pidió que se borrara de la página web de la ONU, que no se imprimiera con ningún logo de la misma. Rima Khalaf, diplomática jordana que dirige la Comisión que emitió el informe ha dimitido. La acusación de «estigmatizar» a Israel como régimen de apartheid, de aislarlo, de querer desmantelar por vías legales internacionales el Estado judío no sale gratis. Deniegan visas a sus redactores, a todos los que llaman a boicotear los productos de las colonias, legislan para silenciar la disidencia interna –muchísimos israelíes discrepan de la ocupación–, prohíben por ley a los periodistas de medios públicos «expresar sus opiniones personales, dar calificaciones y colocar etiquetas».

En este contexto, el legendario periodista israelí Gideon Levy describe así las implicaciones del caso del soldado Elor Azaria, condenado a 18 meses tras disparar en la cabeza a un palestino inmovilizado e inconsciente. Con el título de «Nunca tantos aplaudieron un asesinato tan vil», escribía en “Haaretz”: «Hay que decirlo claramente. Quizá por primera vez en la historia del Estado, un asesinato aborrecible cuya sola obvia justificación parece ser el odio a los árabes y el desprecio a sus vidas, se ha convertido en un acto heroico. Una muerte que no requería ningún coraje, un acto de cobardía total se ha convertido en heroico a ojos de las masas, simplemente porque terminó con un palestino muerto, sangrando en una carretera, con el sonido de su regocijo».

Con estos ejemplos, un Estado que se autoproclama como «democrático» se clava la cola del escorpión, no hace sino exhibir la extrema debilidad y el pánico existencial que caracteriza a las dictaduras blandas.

Antes de ver a Trump, Abbas se reúne con Merkel

El presidente palestino Mahmud Abbas se reunió ayer con la canciller alemana Angela Merkel en un encuentro que, según el ministro de Exteriores palestino Riyad al-Malki, «no era una visita normal o rutinaria». Con el aumento de colonias ilegales y el anuncio de Trump de mover la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén como preocupaciones inmediatas, el relanzamiento de las negociaciones directas con Israel estaba en el orden del día. La visita llegaba días después de que Abbas se reuniera con el enviado estadounidense, Jason Greenblatt, y le transmitiera que bajo el mandato del nuevo presidente de EEUU ve posible «un acuerdo histórico» del que tratará en persona con un Trump que lo ha invitado a la Casa Blanca. M.Z.