El futuro de Bartolomé y Cesarea está en manos de la titular del Juzgado número 6 de Gasteiz, que en los próximos días deberá determinar si la cláusula de vencimiento anticipado incluida en un préstamo contratado por su hija con Kutxabank es abusiva y, por tanto, nula.

Así lo defendieron los abogados de estos dos jubilados en la vista celebrada ayer, a la que accedieron tras participar en una concentración convocada frente al Palacio de Justicia. Allí relataron una pesadilla que comenzó en mayo de 2016, cuando la entidad financiera inició un procedimiento de ejecución inmobiliaria. «Como muchos otros padres, avalamos a una hija, que no ha podido pagar por la crisis económica y ahora se quieren quedar con nuestra casa», indicó Bartolomé, que avaló parte de un crédito solicitado por su hija para adquirir una lonja.

«No nos hemos negado a pagar y hemos intentado solucionar la situación con la caja. Incluso, mi hija adelantó dinero para poder entrar en conversaciones pero a los quince días dijeron que no había solución», añadió tras advertir de que Kutxabank se quiere quedar con su piso, donde vive desde 1982, por un aval de 40.000 euros.

A su juicio, la culpa de la situación a la que se enfrenta su familia es de la clase política, «que es la que manda» en el consejo de administración de Kutxabank. «Si los políticos dieran casas a todo el mundo, no habría necesidad de empeñarse en unos tiempos en los que no hay dónde trabajar», manifestó, e insistió en que los magistrados no deberían intervenir en los desahucios «porque se trata de un problema social». «Los jueces deberían dedicarse a condenar a los delincuentes, no a las personas que luchamos por nuestras vidas», subrayó.

Más desahucios en la CAV

Una opinión compartida por Arturo Val, miembro de Kaleratzeak Stop Araba. Este comentó que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el curso pasado hubo 750 ejecuciones hipotecarias en la CAV, y en el primer trimestre del año se han producido 328 desahucios, lo que supone un incremento del 23% si se compara con el mismo periodo de 2016. «Y en todos los casos han sido posibles por los abusos de los bancos y por unas leyes que permiten estos abusos», destacó antes de señalar que la movilización social y los fallos de los tribunales europeos «están cambiando esta realidad, aunque muy lentamente».

Asimismo, alertó de la existencia de un «grave problema» asociado a la viviendas protegidas, ya que en la CAV una de cada cien viviendas es social, «cuando la media en Europa es de 16 viviendas sociales por cada cien». «Y vemos que se han suspendido los puntos fundamentales de la Ley vasca de vivienda para que las casas vacías se puedan movilizar hacia el alquiler social, porque el PP ha llevado al Constitucional medidas como el canon», señaló Val, quien recordó que el Ayuntamiento de Gasteiz tiene 500 viviendas que podría rehabilitar y destinarlas a alquiler social.