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Un juez militar israelí deniega la libertad condicional a Juana Ruiz

Un juez militar israelí ha rechazado este jueves la petición de libertad condicional para la trabajadora humanitaria Juana Ruiz Sánchez, acusada de «pertenencia a una organización ilegal». Su abogada apelará la decisión.

Protesta por la liberación de Juana Ruiz en Iruñea. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)
Protesta por la liberación de Juana Ruiz en Iruñea. (Jagoba MANTEROLA/FOKU)

Un juez militar israelí ha rechazado este jueves la petición de libertad condicional para la trabajadora humanitaria Juana Ruiz Sánchez, acusada de «pertenencia a una organización ilegal» y que deberá seguir en prisión, según ha informado a Efe su abogada, Gaby Lasky, que presentará una apelación a la corte.

«El juez decidió mantenerla arrestada hasta el fin de su juicio», que comenzará el próximo 2 de junio, ha explicado la letrada, que apelará la decisión la semana que viene, tras celebrarse este jueves la octava vista sobre el caso de Ruiz, residente en Cisjordania desde hace más de 35 años y arrestada por Israel desde hace un mes.

El magistrado no considera que por ahora haya «evidencias suficientes para encontrarla culpable», pero asegura que el peso de los cargos contra ella «eran suficientes para dejarla detenida».

Según Lasky, lo usual en las cortes militares israelíes –que se aplica a los palestinos del territorio ocupado de Cisjordania– es que se mantenga «arrestados a los acusados hasta acabar su juicio», por lo que la decisión «no fue la excepción».

Ruiz Sánchez, de 62 años y coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud (HWC, en inglés), fue acusada la semana pasada de cinco cargos por la Justicia militar. Israel acusa a la entidad donde está empleada de desviar fondos europeos a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), que considera «terrorista», al igual que EEUU y la UE.

En base a su pertenencia a los Comités, Ruiz Sánchez fue acusada también de «participar en actividades de una organización ilegal» y de «formar parte de la junta directiva de una organización ilegal».

Asimismo, por su tarea de recaudación para la ONG, también fue acusada «recibir e introducir dinero en los territorios palestinos» y de «recibir dinero con falso propósito».