¡No habrá urnas, ni papeletas, ni referéndum...! y el 1 de octubre hubo de todo. En 1951, el Gobernador Civil decía lo mismo: «Alava no se sumará a la huelga general», y Araba se sumó masivamente. Libertad de expresión. En ambos casos la «justicia» española franquista, está actuando idénticamente: se ingresa a los acusados en prisión, voilà!, jactándose de su eficacia y rapidez en la respuesta; ¡con la ley no se juega!

Y hasta tales acusaciones se igualan en solicitar nada menos que la de rebelión; en la que nos llevó a prisión a 16 condenados, en 1951, se le adjetivaba de militar, sin contar con la autoridad castrense, en la figura de gobernador militar de Araba, que rechazó la acusación como excesiva. No contento con semejante rechazo, Luis Martín Ballestero, gobernador civil, dirigió su petición a la VI Región Militar de Burgos, que echó al cesto de los papeles ¡sin abrirla siquiera!

Ahora, la juez Carmen Lamela no se queda corta; amenaza con añadir a su acusación la pena de 30 años por rebelión; su justicia «democrática» no puede quedar por debajo de la «orgánica». ¡Hasta ahí podríamos llegar!

En 1951 se trataba de una huelga, ahora Cataluña trata de ejercer su derecho a ser libre, apartándose de España.

Retomando el relato traigo a colación la actuación judicial de nuestro caso, por la distancia sideral entre Carmen Lamela y el juez especial nombrado en principio para nosotros: burgalés de Briviesca, camisa vieja de falangista, y mutilado de guerra, don Alejandro Corniero, a quien temimos en principio dada su condición, resultó todo un caballero, desde su inicial encuentro con nosotros, secuestrados durante treinta días por el gobernador civil, fuera de toda ley y jurisdicción, reacción vengativa tras su fracaso, por no haber conseguido acusarnos de rebelión militar; algo inaudito en aquel régimen fascista, hasta tal punto de que no conseguimos encontrar ningún abogado que procesara a Luis Martín Ballestero –tal era el terror vigente–. El señor Corniero nos recibió con el mayor respeto y consideración, pidió cuentas al propio director de la cárcel, Galo Zabalza Anozibar, por haber actuado fuera de la ley, y por las vejaciones con que nos trató. Estudiado el caso en profundidad, renunció al proceso por excesivo y se dio de baja en la judicatura (¡!).

He aquí, como en plena dictadura fascista, fuimos tratados por alguien que antepuso su dignidad personal, en tanto, hoy, una juez retoma el camino franquista, el mismo que ejercieron sus antecesores; y lo afirmo sin dudar un ápice, los mismos que se autoamnistiaron en la «transición», y que ahora militan en las líneas del PP.