Roberto Ruiz Rodríguez I Presidente de Tradisna

Sobre la implantación de nuevos peajes en carreteras guipuzcoanas

En el día de hoy, los medios de comunicación han informado sobre la intención del nuevo diputado general de Gipuzkoa de implantar un sistema de tarifación en los tramos guipuzcoanos de la N-I, cuya utilización a día de hoy, es gratuita. Esta medida supondría un tremendo impacto socioeconómico en el sector del transporte.

Lo cierto es que la pretensión no es nueva, se ha intentado en 2010, 2013… En aquellas ocasiones, se fundamentaba la necesidad de imponer a los vehículos pesados de transporte un peaje para recuperar los costes de construcción, los de explotación y mantenimiento de las infraestructuras viarias que utilizamos los transportistas para el desarrollo de nuestra actividad profesional, así como también para sufragar los márgenes de beneficio y rendimiento del capital empleado en su construcción. En aquellos momentos, en total desacuerdo con ello, tanto el Gobierno de Navarra como las asociaciones sectoriales formulamos las correspondientes alegaciones.

Ahora y según las reseñas de prensa, la motivación aducida sería la contribución al mantenimiento y a las inversiones a realizar en las carreteras guipuzcoanas y ayudar a gestionar los flujos de tráfico.

Desde luego, el desconocimiento del texto de la propuesta normativa nos exige a todos conducirnos con prudencia en orden a su valoración. Sin embargo, las líneas maestras enunciadas no pueden sino suscitar nuestra oposición como profesionales del transporte de mercancías por carretera.

Así, en primer lugar, consideramos que la implantación de una medida de tal naturaleza resultaría injusta, por cuanto que supondría la imposición de un gravamen económico adicional a un sector profesional que, al igual que otros productivos, contribuye con la fiscalidad ordinaria a la creación y sostenimiento de las infraestructuras viarias, debiendo destacarse, al efecto, que su mayor consumo de combustible supone también para el erario público un mayor volumen de recaudación fiscal.

En segundo lugar, conllevaría un efecto perjudicial para el sector, incrementándose los costes de explotación en una actividad imposibilitada de trasladarlos al precio final de sus servicios.

Y, por último, constituiría una media discriminatoria si se pretendiera exonerar de la afección de tal medida a unos determinados usuarios; ya que, resultando provocados por todos, sin excepción, los que utilizamos las redes viarias los daños por desgaste y contaminación, no resulta equitativo que no fueran todos asimismo quienes deban contribuir mediante los pretendidos peajes a financiar los gastos de su mantenimiento.

En fin, habrá que esperar a conocer el contenido exacto de la propuesta para articular la oportuna respuesta. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es la de informar a la sociedad sobres sus posibles consecuencias negativas, trasladar al Gobierno de Navarra nuestra preocupación e instarle a la defensa del interés general y convenir con el resto de asociaciones de transportistas la oportuna respuesta socio-jurídica.

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