La final de Copa del 30 de mayo va camino de convertirse en un acontecimiento político de primera magnitud, por encima incluso del futbolístico. Y es ya todo un símbolo de los tiempos. Porque hubo una época en que no había discusión alguna: estos partidos se jugaban siempre en el Bernabéu a mayor gloria de Francisco Franco, que para eso daba nombre a la Copa del Generalísimo. Algo deben haber avanzado las reivindicaciones soberanistas vascas y catalanas cuando en 2015 ese estadio emblemático y españolísimo se les niega, cuando toda la preocupación oficial se centra en los decibelios de la pitada que recibirá al Rey y cuando el partido aparece más en la agenda política que en la deportiva.

Resulta realmente difícil de entender que uno de los equipos que disputan la competición pueda vetar su estadio como sede de la final en función de quiénes son los contendientes. No parece que el Bernabéu hubiera tenido gran inconveniente en acoger un Villarreal-Espanyol, por citar a los dos equipos apeados en semifinales por Barcelona y Athletic. El asunto va mucho más allá del Real Madrid, porque la decisión de sus dirigentes, sin argumentación, fue acatada por la Federación Española de Fútbol y esto genera ya preguntas políticas bastante obvias: ¿Están aceptando que las hinchadas catalana y vasca no son bienvenidas en Madrid? ¿Asumen que la pitada es inevitable? ¿Realmente los prefieren jugando en Bilbo o en Barcelona? Y si es así, ¿por qué no ser coherentes y dejar de negar a ambos pueblos la capacidad de decidir si quieren quedarse en España o irse por su lado?

La contradicción se incrementa cuando a esas mismas aficiones se les intenta imponer, bajo amenazas como la suspensión del partido o el desalojo del estadio, la prohibición de expresarse libremente ante un monarca impuesto y que solo usa este espectáculo deportivo para intentar ganar legitimidad, lo que hace más ridícula aún la pataleta.

Para el partido faltan aún más de dos meses, pero ya está muy claro quién lo ha perdido: España.