Eloy Velasco ha archivado la instrucción que seguía la Audiencia Nacional sobre la desaparición de Banca Cívica, el proyecto fallido en el que se embarcó Caja Navarra. El auto, que previsiblemente será recurrido, se apoya en un informe del Banco de España según el cual se descartaba la comisión de irregularidades en todas las operaciones denunciadas por Kontuz salvo en dos: la relativa a la inversión en Oesia (en la que Banca Cívica perdió todo el dinero invertido, que ascendía a casi cien millones de euros) y la referente a la compra de terrenos.

El juez, en su escrito, sostiene que «la constitución de Banca Cívica fue una operación fundamentalmente sólida, y su proyecto de integración consistente y razonablemente viable y sus equipos directivos tenían capacidad satisfactoria y experiencia en el sector». Así, achaca el hecho de que el proyecto fracasara y que fuera el valor bursátil que menos ha durado en el parqué en la historia reciente (ocho meses) a una crisis sistémica.

Velasco cierra el caso sin esperar siquiera a que se terminen todas las diligencias solicitadas. A este respecto, había encargado a la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía española que investigara los patrimonios del expresidente navarro Miguel Sanz y del exdirector de la CAN Enrique Goñi. Posteriormente, fue la propia Policía la que pidió que se le diera permiso para investigar al resto de consejeros de Banca Cívica. De confirmarse el carpetazo conocido ayer (el auto de sobreseimiento y archivo fue firmado por el juez el miércoles), quizá esta información sobre Sanz, Goñi y el resto jamás llegue a conocerse.

Nadie ha sido perjudicado

El silogismo que emplea el juez en su auto de archivo es el que siempre ha mantenido la defensa: en la desaparición de CAN y Banca Cívica no se han producido damnificados porque el dinero que invirtió el FROB fue devuelto con intereses y tanto inversores como preferentistas acabaron siendo accionistas de Caixabank «quedando sometidos a fluctuaciones bursátiles mucho más benévolas».

Este razonamiento es cuestionable ya que, entonces, hubiera dado igual que Caixabank hubiera pagado 200 millones por lo que fue Caja Navarra o que no hubiera pagado nada. Es decir, como nadie era formalmente el dueño de CAN (no era un ente público, pero tampoco privado) nadie se ha visto perjudicado por la devaluación de su patrimonio, que el juez considera similar al resto de cajas.

Con todo, más cuestionable es el razonamiento de por qué Caixabank tuvo que dotar 3.850 millones de euros para poder hacerse con Banca Cívica. Según la argumentación del juez, esto no se debía «a la cobertura de pérdidas ocultas» de la entidad, sino que 2.097 millones corresponden a «las nuevas exigencias derivadas de los decretos del ministro Guindos» y el resto «tanto al empeoramiento de la situación económica como a las necesidades de homogeneizar las políticas contables».

Esta es la segunda vez que Velasco da carpetazo al caso. En junio del año pasado ya emitió un auto que fue revocado por la Sala de lo Penal. En aquella ocasión, el archivo fue recurrido por el fiscal al entender que el juez no había iniciado diligencias para investigar varios de los hechos denunciados.

Ese primer archivo ocurrió después de que llegara a la Audiencia un informe elaborado por los mismos peritos del Banco de España, Dino López y José Luis Albasanz. A instancias de la Sala, se reabrió el caso y se solicitó a los peritos un informe más detallado. Este segundo informe, conocido el 28 de julio, es el que sustenta el archivo del caso. El juez (que está ahora inmerso en la investigación de la trama Púnica) ha decidido que ni siquiera merece la pena que los peritos expliquen en el juzgado el contenido de su segundo trabajo. Así, la acusación no podrá interrogar sobre los puntos más delicados del mismo, como Oesia y las operaciones inmobiliarias.

En su auto, además, el juez hace valoraciones cuestionables. Así, sostiene que «no aparecen pérdidas incurridas sin contabilizar». Esta afirmación contradice al propio informe en lo relativo a Oesia, ya que reconoce que las pérdidas no tuvieron un reflejo contable en CAN puesto que todas las provisiones se realizaron ya en Banca Cívica.

La Fiscalía y Kontuz tienen tres días para presentar alegaciones a este segundo archivo de la causa. La tercera acusación particular, la que dirigía UPyD, se retiró del caso después de su fiasco electoral debido a que necesitaba recuperar la fianza. Kontuz tenía previsto ayer recurrir el archivo.

 

La investigación de la UDEF sobre un posible enriquecimiento de Sanz y Goñi, en el aire

El auto de archivo del «caso Caja Navarra» llega en pleno mes de agosto y en vísperas de que se conozca una de las investigaciones que se antojaban más relevantes para el proceso. Por fechas, la situación recuerda mucho lo ocurrido con la investigación de las famosas dietas de CAN en el Tribunal Supremo. De hecho, el auto del TS que exoneró a Yolanda Barcina de las acusaciones que mantenía sobre ella la juez María Paz Benito en su exposición razonada se conoció un 24 de julio. En esta ocasión, el segundo informe del Banco de España se ha dado a conocer el 28 de julio: cuatro días de diferencia.

En el caso de las dietas faltaba un informe pericial encargado a la Guardia Civil que, de haberse conocido antes del archivo, podría haber dado un vuelco al caso. Se trataba del análisis informático de las actas que justificaban las reuniones por las que los políticos navarros podían ganar más de cinco mil euros en una mañana. En este análisis, conocido una vez que ya no había caso, se señalaba que algunas actas se habían elaborado más de un año después de que se celebrara la reunión, que otras habían sido recientemente retocadas e, incluso, que una de ellas había sido elaborada cuando la denuncia sobre las dietas ya se había formulado ante el juzgado de guardia.

Con el auto conocido ayer se llega a una situación muy similar. El juez Eloy Velasco ordenó en el mes de diciembre pasado a la unidad de élite de la Policía que investigara los patrimonios de Miguel Sanz y Enrique Goñi. Nada se ha sabido de estas averiguaciones, aunque GARA reseñó importantes movimientos de capital en empresas ligadas a Sanz tras dejar el Gobierno. La UDEF, sin embargo, sí que empezó a investigar los patrimonios de ambos. Al menos, eso dejaba entrever la solicitud que realizó la Policía –a iniciativa propia– para obtener autorizaciones de cara a investigar al resto de consejeros de Banca Cívica. Ese escrito para ampliar la investigación se presentó en el mes de mayo.

Han pasado casi diez meses desde que se iniciara la investigación a Sanz y Goñi (que mantiene un puesto directivo en Caixabank) y ahora se corre el riesgo de que no se sepa qué ha averiguado la Policía o incluso de que, aun detectándose movimientos extraños, no tengan ya relevancia para el caso por estar archivado.A.I.