Como quien se acaba de caer del guindo –así lo he sentido–, la Diputación de Gipuzkoa ha anunciado un «diagnóstico cualitativo» sobre la situación que rodea los alardes de Irun y Hondarribia y al que cada junio y setiembre, yo al menos, asisto incrédula. No porque pasen los años remite mi vergüenza –y cierta lástima– por las jovencitas que vejan a las mujeres de las compañías mixtas. Siento otro tanto por los políticos que se niegan a recibir a las compañías que no discriminan por razón de sexo.

El estudio pretende explicar «las razones del origen del conflicto», «cómo y por qué se ha trasmitido» y «alargado» año tras año, y los motivos por los que después de dos décadas se mantiene «enquistado».

Lo que ha llamado poderosamente mi atención es que el diagnóstico deberá además hacer «una evaluación de las acciones que se han llevado a cabo y por qué no han funcionado». En fin, a mí se me ocurren unos cuantos ejemplos que demuestran que las propias instituciones han contribuido a ello, por eso me sorprende que se hagan los sorprendidos.

Recuerdo la carrerilla que el alcalde de Irun, José Antonio Santano, se echó en 2013 escalinatas consistoriales abajo para evitar recibir a las compañías mixtas segundos después de saludar a las tradiciones. En Hondarribia, idem. La ausencia del primer edil es más clásica que la barandilla de La Concha… por no hablar de la resolución de la Ertzaintza que prohibía los plásticos negros y que la propia Ertzaintza incumplió. Y hay más, pero se acabó el espacio.