SOS Racismo y África Unida decidieron ayer dar un paso al frente y personarse como acusación popular en la causa abierta por la muerte de Elhadji Ndiaye, fallecido en Iruñea el pasado 25 de octubre cuando se encontraba bajo custodia policial. Ambas entidades esperan así evitar que la juez archive el caso sin aclarar la muerte del ciudadano senegalés, ocurrida tras ser detenido por la Policía española en Arrotxapea.

Según explicaron ayer a GARA desde los juzgados, la causa sigue abierta, a la espera de los resultados de los análisis solicitados a mediados de diciembre al Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Se trata de unas pruebas cuya existencia se desconocía y que dan a entender que las anteriormente solicitadas al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona están ya en poder del Juzgado de Instrucción. Se desconoce, sin embargo, los resultados de un análisis del que depende la versión policial de lo sucedido, ya que la información publicada por diversos medios citando fuentes policiales sugirió que Ndiaye se encontraba bajo los efectos de narcóticos. Por contra, los allegados de Ndiaye negaron que, tal y como apuntaron algunas informaciones, el fallecido estuviese relacionado con el tráfico de drogas.

Mientras tanto, la versión oficial sigue siendo que Ndiaye falleció sorpresivamente cuando estaba en comisaría y que su cuerpo no presentó signos de violencia, extremo puesto en duda por algunos vídeos publicados en NAIZ, en los que se puede observar que Ndiaye se resistió a su detención y que los policías utilizaron la fuerza, incluyendo un puñetazo, para reducir al arrestado.

Trabas burocráticas

Es esta falta de claridad a la hora de explicar la muerte de Ndiaye la que lleva a SOS Racismo y a África Unida a personarse en el caso como acusación popular, vistas las trabas burocráticas con las que se está encontrado la familia, residente en Senegal, para personarse como acusación particular. En cualquier caso, la abogada Libertad Francés confirmó ayer a GARA que la familia conoce y apoya la iniciativa emprendida por SOS Racismo y África Unida.

En una rueda de prensa ofrecida ayer ante el Palacio de Justicia de Iruñea, representantes de las dos entidades explicaron que decidieron dar el paso para formar parte de la investigación «de un hecho de extrema gravedad que no puede volver a repetirse». Explicaron también que persiguen un doble objetivo: por un lado, esclarecer los hechos «a través del acceso a todas las pruebas existentes» y, por otro, «conocer y poner en cuestión los protocolos de funcionamiento de la Policía».

«Queremos dar respuesta a los interrogantes que siguen sobre la mesa: ¿Por qué le pararon? ¿Por qué falleció y cómo? ¿Por qué no fue trasladado a un centro médico antes de llevarle a comisaría?», indicaron ayer en una comparecencia en la que también aprovecharon para recordar las reiteradas negativas de la delegada del Gobierno español, Carmen Alba, a dar explicaciones ante el Parlamento foral, en calidad de «máxima responsable» política de la Policía española en Nafarroa.

La pelota queda ahora en manos de la juez de instrucción, que deberá decidir si acepta incorporar a la acusación popular en la causa abierta –y si para ello requiere algún tipo de fianza– o si, por el contrario, rechaza la solicitud, caso en el cual la decisión podrá ser recurrida por SOS Racismo y África Unida. Uno de su representantes, que se presenta a sí mismo con el sobrenombre de «Beltza», lamentó ayer la persecución y la sospecha permanente a la que la policía somete a la comunidad africana de Iruñea: «Parece que las madres negras no sufren cuando matan a sus hijos. Parece que los negros no sufren. Solo pedimos justicia para poder vivir en paz en Pamplona».