Creada a iniciativa de la oposición –Verdes y Die Linke–, la comisión de investigación sobre emisiones contaminantes examina la acción del Gobierno alemán desde 2007 ante la superación de los umbrales de emisiones contaminantes por parte de los fabricantes de motores. «Hay cada vez más índices que sugieren que la Cancillería y la canciller Merkel conocían el tema de los óxidos de nitrógeno bastante antes de 2015», había señalado el vicepresidente de la comisión, Oliver Krischer. Y por ello fue llamada Merkel.

Durante su comparecencia ante la comisión reunida en sesión extraordinaria, la canciller alemana, afirmó que se enteró por primera vez del escándalo de los motores trucados de Volkswagen «el 19 de setiembre», cuando los medios de comunicación del mundo entero se hicieron eco de las revelaciones en Estados Unidos

Declaró que el Dieselgate, cuyas consecuencias empresariales, económicas y penales no han concluido aún para Volkswagen, le fue comunicado por su ministro de Transportes, Alexander Dobrint, a quien exculpó y expresó su apoyo ante la investigación interna en el Ministerio por uno de los mayores escándalos jamás sufridos por la industria alemana.

«Animé a que se haga todo lo posible para arrojar luz sobre estos hechos», testificó la canciller, quien precisó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la compañía automovilística, Martin Winterkorn, el 22 de setiembre.

El grupo Volkswagen, gigante que reúne doce marcas, entre ellas Audi, Porsche y Skoda, admitió en setiembre de 2015 que había equipado once millones de automóviles diesel en todo el mundo –600.000 en Estados Unidos– con un programa informático que falseaba el nivel real de emisiones de gas contaminante para hacerlos aparecer más verdes de lo que realmente eran. Supuso un devastador golpe financiero y de imagen para la empresa.

Explicaciones que no llegan

Al revelarse el caso, Merkel intentó ganar tiempo y, aunque aseguró que el escándalo era «dramático», matizó que no tendría impacto a largo plazo sobre la reputación de la industria alemana.

La canciller exhortó también a «no satanizar» al conjunto del sector, ya que ello pondría «en peligro miles y miles de empleos en Europa».

La comisión esperaba más de la comparecencia de Merkel. Antes de que declarara, Krischer esperaba que ofreciera «explicaciones que ni el ministro encargado Dobrint ni el resto del Gobierno han dado hasta ahora».

Los diputados ya interrogaron en diciembre al exministro de Economía, ahora en Exteriores, Sigmar Gabriel, quien afirmó, al igual que ayer Merkel, ignorar todo antes de la revelación pública del escándalo.

La línea de defensa de la compañía Volkswagen sigue pivotando sobre la máxima de que la dirección de la compañía solo fue informada a «finales de agosto, principios de setiembre de 2015» del trucaje. Winterkorn, interrogado el 19 de enero por esta misma comisión, rechazó las acusaciones de ocultación y afirmó no haber sabido nada antes de que estallara el escándalo.

Demandan a Audi en Australia por emisiones contaminantes

La Comisión de Competencia y Consumo australiana (ACCC) dio a conocer ayer que ha denunciado en los tribunales a Audi AG y Audi Australia, filiales de la alemana Volkswagen, por las emisiones de gases contaminantes en sus vehículos diésel.

Acusa a Audi de instalar un programa informático trucado en sus coches que manipulaba los test de gases contaminantes para que las emisiones de óxidos de nitrógeno parecieran inferiores a las reales. Cifra en hasta 12.000 los vehículos trucados que puso en el mercado Audi Australia y acusa a su compañía matriz, Volkswagen, de haber diseñado y proporcionado los motores. «Consideramos que la instalación del sofware viola la ley australiana de consumo», señaló Rod Sims, presidente de ACCC, quien reclama compensaciones económicas y un cambio en la publicidad de la marca. Los vehículos Skoda también se vieron afectado por el fraude, pero ACCC los dejó fuera del proceso judicial porque «el volumen de ventas es mucho menor». GARA