La crisis provocada por la pandemia del coronavirus no sólo ha tenido efectos negativos en la sanidad o la economía, sino que la justicia también se ha visto afectada. Actualmente, en la CAV, hay 4.446 expedientes de penas de trabajos en beneficio de la comunidad pendientes de ejecución, debido a que tanto las entidades colaboradoras como los talleres que ofrecía el Servicio Vasco de Gestión de Penas (SVGP) han visto reducido el número de plazas disponibles en cumplimiento de las restricciones sanitarias.

La ley contempla que en determinados delitos, normalmente relacionados con la violencia machista y contra la seguridad vial, la persona condenada pueda cambiar la pena de cárcel impuesta por trabajos comunitarios. Este proceso debe ser aprobado por un juez, pero es ejecutado por el SVGP a través de talleres propios o de trabajos externalizados. Dicha ejecución es competencia de Lakua –el SVGP depende de la consejería de Justicia–, y desde 2020 recae por licitación pública en el Instituto de Reintegración Social de Euskadi, una entidad privada sin ánimo de lucro.

El Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) solicitó el pasado 22 de enero a los Juzgados de Bilbo, Donostia, Barakaldo y Gasteiz, así como al SVGP, sendos informes sobre el retraso en el cumplimiento de las condenas relativas a trabajos en beneficio de la comunidad.

Según los datos aportados posteriormente por el SVGP, a fecha del pasado 5 de marzo estaban pendientes de cumplimentar 4.446 medidas en la CAV, de las cuales 2.611 correspondían a Bizkaia, 929 a Gipuzkoa y 906 a Araba.

Falta de medios, personal y espacios

Además del «retraso estructural en la tramitación de los citados expedientes» que ha existido durante años, tal como reconoce el informe, se indican algunos de los trámites que provocan el retraso en la ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, como son la «búsqueda del trabajo acomodado a las circunstancias personales, familiares, sociales y laborales del penado»; «entrevistas personales»; o «dar de alta en la Seguridad Social», todo ello unido al «elevado número de condenas con estas penas que se imponen por los juzgados de lo penal».

A todo ello hay que sumarle «la falta de medios, personal y espacios» donde llevar a cabo estos trabajos, ya que, debido a la crisis sanitaria, entidades colaboradoras con el SVGP han suspendido la colaboración con el servicio o han limitado las plazas que ofertaban.

En este sentido, el juzgado de ejecutorias penales número 7 de Bilbo reconoce la existencia de un problema derivado de la falta de espacios e informa de que ha conseguido la autorización para hacer uso de la Sala de vistas nº 2 del Palacio de Justicia de la capital vizcaína para impartir algunos cursos. Esta opción, sin embargo, se plantea como una medida temporal mientras dure la alerta sanitaria y las consiguientes restricciones, que reducen el aforo de la sala de las 30 personas previas a la pandemia a sólo nueve actualmente.

«En Bilbo hay programados 35 talleres de seguridad vial, que multiplicados por 9 dan lugar a un cumplimiento como máximo de 315 penas de trabajos en beneficio de la comunidad en todo el año 2021. De obtenerse una nueva sala o recuperar el aforo a 31 personas (como antes del covid-19), la previsión sería de 1.050 penas», especifica el informe facilitado por la magistrada Idoia Uncilla, del juzgado de ejecutorias penales.

«Plan de choque»

Con el contrato de servicios del SVGP fechado el 2 de junio de 2020, se incrementó en 15 efectivos el personal para atender la acumulación de ejecutorias. Aunque actualmente el equipo está integrado por 40 trabajadores, el director de Justicia, Eugenio Artetxe, detalla que las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria «han dificultado sobremanera que se desplieguen los efectos del redimensionamiento».

Según Artetxe, «el cúmulo de problemas actual requiere adoptar un plan de choque con el objetivo principal de disminuir notablemente el retraso actualmente existente». Un plan en el que asegura que ya están trabajando y que pasa por «habilitar espacios y lugares para la prestación de los servicios del SVGP», incluyendo la «posible adquisición» de inmuebles; también preven «planificar medidas extraordinarias para aligerar la realización de los programas de tratamiento», «establecer una planificación extraordinaria para aligerar la realización de talleres y actividades grupales», y «reafirmar las relaciones con el tejido socioeconómico e institucional para la realización de actividades comunitarias».

En declaraciones a GARA, el abogado Iñigo Santxo explica que el servicio de ejecución de penas ya venía sufriendo recortes anteriormente, por lo que apuesta por dotar de más medios a este servicio, especialmente durante la pandemia. «Los trabajos en beneficio de la comunidad tienen una implicación muy importante de cara a reparar un perjuicio causado a la sociedad. Si el servicio de reducción de penas no puede funcionar, habrá que dotarlo de más presupuesto», subraya, a la vez que reivindica la necesidad de abrir más aulas para el desarrollo de los cursos y talleres.

La cárcel como posibilidad

Aunque el informe del TSJPV no detalla este aspecto, una de las consecuencias del retraso en la ejecución de penas de trabajos en beneficio de la comunidad puede conllevar que los juzgados de lo penal se vuelvan más estrictos con la aplicación de esta medida, ampliamente extendida como demuestran los datos del SVGP, desembocando en un aumento de las multas económicas o incluso del ingreso en prisión.

Sin poder afirmar si se debe al colapso judicial, Iñigo Santxo afirma que recientemente ha llevado un caso en el que el Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbo ha rechazado el procedimiento de un cliente que solicitó la sustitución de una multa por trabajos en beneficio de la comunidad, un proceso que conoce bien este abogado.

«Se trata de un cliente que carece de recursos debido a la pandemia, y si no paga deberá ingresar cuatro meses en prisión por un delito de conducción de ciclomotor sin carnet», declara, añadiendo que en un primer momento se mostró «sorprendido» por esta decisión. En opinión de Santxo, el ingreso en prisión «no beneficia a nadie, y menos si es por un delito menor», ya que los trabajos sociales son «más pedagógicos, educativos y retributivos».

Sobre la posibilidad de que esta opción se vuelva un recurso a largo plazo, Santxo recuerda los versos de Jose Manuel Lujanbio, Txirrita: «Lapur txikiak kastigatzeko, nonahi badago kartzela, haundiak hor ikusten ditut, paseoan dabiltzala». «La cárcel está sólo para los que carecen de recursos», sentencia.

Entre las razones por las que Santxo no considera la cárcel una alternativa viable, el abogado explica que «supone un gasto extraordinario para el Estado» y «es perjudicial para la salud», ya que «en época de pandemia las instituciones sanitarias recomiendan dejar salir a los que están en prisión antes de meter a gente nueva».

Otra de las consecuencias que conlleva el retraso judicial es la prescripción de algunas penas por no poder ejecutarse a tiempo. En el caso de las penas leves, el periodo de tiempo necesario para que un delito prescriba es de un año.

Así, el abogado opina que esta situación «carece de sentido» y aboga por que estas penas se cumplan. «Las penas no pueden quedar sin ejecutar. El valor de los trabajos en beneficio de la comunidad es precisamente que reparan un perjuicio causado a la sociedad y sirven para que el condenado se introduzca en realidades que de otra manera no iba a conocer. Es una alternativa positiva», destaca.