El último día de setiembre quedará como un hito para el movimiento contra los desahucios y por la vivienda digna. Entre todos los colectivos han logrado consensuar una proposición de ley integral para garantizar ese derecho y lograr la regulación de los alquileres. La registraron ayer en el Congreso de los Diputados con el apoyo de ocho formaciones políticas que representan un tercio del hemiciclo, incluyendo al socio minoritario del Gobierno del Estado.

EH Bildu, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, BNG, Compromís y Más País firmaron minutos después de las 10.00 la proposición de ley y la registraron. Y sus referentes, entre los que estaban Gerardo Pisarello, Mertxe Aizpurua y Laura Borràs, se fotografiaron luego en las escaleras de la denominada puerta de los Leones, en la entrada principal del Congreso.

Los representantes de los partidos no hicieron declaraciones, dejando la labor a los colectivos sociales, aunque la imagen (en un momento aplaudieron todos juntos mientras eran fotografiados) representa en sí misma un nuevo pulso con el PSOE, en momentos en que se negocia la regulación de los alquileres y los presupuestos generales.

«Este es otro intento por hacer una ley que regule el derecho a la vivienda, que acabe con los desahucios y con los abusos en los alquileres y con la gente sin hogar. A pesar de lo que muchos no paran de repetir, no se trata de una ley fruto del conflicto entre socios políticos, sino que es para acabar con el conflicto social que existe», comenzó diciendo Paco Morote, portavoz de la PAH.

Le siguió la portavoz del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Arcarazo, quien recordó que el Gobierno se había comprometido a tener una nueva ley de viviendas para febrero de 2021. «Mientras otros quieren cumplir estos acuerdos, el PSOE se intenta ahora desmarcar. Esta ley debió haber sido aprobada en febrero y desdes entonces ha habido 22.000 desahucios. Vemos que el Estado español es un estado fallido en materia de vivienda», ha afirmado.

Además, dijo que «vivir de alquiler ya te convierte en vulnerable, porque en ningún otro país de Europa la gente dedica un porcentaje tan elevado de sus ingresos para el alquiler» y añadió que, por culpa de la precariedad, «a la gente le da miedo denunciar abusos».

«Nos preguntamos cuántos desahucios más se van a tener que producir para que este gobierno despierte. Cuando [la ministra] Raquel Sánchez era alcaldesa [en Gavà] aprobó una regulación de alquileres por cinco años más. Ahora que es ministra, ¿va a ceder ante los intereses de los grandes fondos? Al presidente Pedro Sánchez le preguntamos si se va a dejar seguir chantajeando por los grandes fondos como está pasando con las eléctricas», concluyó.

Del PSOE depende

La portavoz de la PAH de Barcelona y técnica del Observatori DESC, Lucía Delgado, recordó en la comparecencia de la Plaza de las Cortes que «en este momento sólo la negativa del Partido Socialista impide que el derecho a la vivienda pase a estar protegido con todas las garantías», ya que se cuenta con «los apoyos parlamentarios necesarios» para la aprobación, en alusión a que, dados los respaldos de las siete formaciones que firmaron la proposición, con sumar a los diputados del PSOE ya alcanzaría para tener mayoría.

«El tsunami de más de 79.000 desahucios que está por venir cuando decaigan las medidas excepcionales este 31 de octubre nos exige estar a la altura. Hay un clamor ciudadano para legislar y para poner freno a la emergencia habitacional. Ahora la pelota está en el tejado del presidente Sánchez y del PSOE», recalcó Delgado.

Micky Carrea, portavoz del movimiento nacional de personas sin techo y de la organización Nadie Sin Techo, dijo que la proposición registrada aborda la garantía de la vivienda «desde sus diferentes aspectos y desde el enfoque de que es un derecho humano, y para que se protejan otros derechos constitucionales, como son el derecho a la seguridad y a la intimidad».

Destacó que si se aprueba, se impulsará la incorporación de viviendas sociales «hasta alcanzar la referencia de la Unión Europea, que es del 20% del parque público» y se asegurará que no se suspenda la provisión de servicios como la luz, «porque hay miles de personas que están sin luz, encendiendo candelas para calentarse, y esto está previsto en la ley».

La vicepresidenta del Consejo de la Juventud del Estado español, Margarita Guerrero, calificó de «histórico» el día porque es la conclusión del «pulso que se ha sostenido en la lucha por la vivienda, y que ha sido capaz de aglutinar todas las demandas en una propuesta que se acaba de registrar». Recordó además una cifra lacerante: sólo el 15,8% de los jóvenes en el Estado «están emancipados, porque la gran mayoría no puede».

«Es imposible construir proyectos vitales dignos de esta forma. Y a costa de todo este proceso nos dejamos la salud mental por el camino, en este ejercicio de supervivencia. No puede ser que después de más de diez años de problemas de desahucios y vivienda no se haya resuelto el problema», lamentó finalmente Guerrero.

64, sin PNV ni PDeCat

Son 64 los escaños que pertenecen a los siete partidos políticos los que respaldaron este jueves la proposición de ley por una vivienda digna. Cabe destacar que casi todas las fuerzas soberanistas fueron parte de la estrategia con excepción del PNV y del PDeCAT. Ambas fuerzas suman diez escaños y suelen ser parte de la mayoría de investidura que sostiene al presidente del Gobierno español.

Fuentes de uno de los partidos firmantes informaron a GARA de que ahora la proposición pasará a consideración de la Mesa del Congreso (dominada por el PSOE, PP, Vox y UP) para ser admitida a trámite parlamentario. Las fuentes explican que salvo por tener errores de forma y de escritura, todas las proposiciones son admitidas, aunque luego, que lleguen a ser debatidas en el hemiciclo depende ya de la Mesa. Cabe recordar que para los temas más combativos en lo que atañe al Estado (como investigar al rey o proposiciones económicas muy a la izquierda), suele imponerse la mayoría PSOE-PP-Vox.

Al concluir el acto en la Plaza de las Cortes y desconcentrarse la gente, un joven se acercaba a los presentes y les advertía, entre ellos a quien escribe: «Por si queréis participar, hay una concentración para evitar un desahucio ahora en Lavapiés, calle Abades». Un ejemplo más de un problema social urgente.