Los países vulnerables más afectados por las consecuencias del calentamiento global pueden ver hundirse su producto interior bruto (PIB) por habitante más de un 80%, tal como se advierte en un estudio publicado ayer por la ONG Christian Aid.

Ente los 65 Estados analizados, con la actual trayectoria del cambio climático la caída media sería del 19,6% para el año 2050 y del 63,9% para finales del siglo, un descenso que se vería limitado al 13,1% y al 33,1%, respectivamente, si se alcanzara el objetivo fijado en el Acuerdo de París de mantener el calentamiento en +1,5 °C.

Pero para seis de los diez países más afectados, ubicados sobretodo en África, esta bajada superaría el 80% a final de siglo en el peor de los escenarios.

En 2009, los Estados ricos prometieron a los más pobres y expuestos ayudarles en la lucha contra el cambio climático con 100.000 millones de dólares anuales en 2020. Constatado su fracaso, justo antes de la COP26 presentaron un nuevo plan de entrega que prevé cumplir este compromiso... en 2023.

Una medicina que no tragan con gusto los países más amenazados, especialmente porque la mayoría de los fondos asignados se destina a medidas de reducción de emisiones y ellos, en su mayoría, contribuyen de forma insignificante a esa emisión.

Así lo reconoció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la reunión en la COP26 del Foro de Vulnerabilidad Climático (CVF, por sus siglas en inglés): «Sois los primeros en sufrir y los últimos en recibir la ayuda», instando a «hacer más para proteger a los pueblos vulnerables de los evidentes y actuales peligros del cambio climático».

Y, precisamente, los países más vulnerables quieren que estos riesgos «actuales» se tomen en cuenta específicamente.

Miedo ante la responsabilidad

La lucha contra el calentamiento global y sus efectos se basa en la mitigación (por ejemplo, la lucha contra las emisiones) y la adaptación (la preparación para afrontar las consecuencias previsibles).

Los países vulnerables quieren añadir las «pérdidas y daños» que ya están sufriendo. Este asunto ya se mencionaba en el Acuerdo de París e, incluso, existe un mecanismo internacional sobre la cuestión, pero los países ricos se resisten a que se ponga sobre la mesa tal cual.

«Existe miedo, o incluso paranoia, sobre las cuestiones de responsabilidad y las posibles indemnizaciones», como señaló a AFP Yamine Dagnet, del Instituto de Recursos Mundiales. «Pero no se trata de eso, se trata de lo que sucederá cuando estas pequeñas islas desaparezcan», añadió, en referencia a los países insulares amenazados por la elevación del nivel del mar.

El tema también fue mencionado expresamente en una declaración previa a la cumbre de Glasgow por parte de la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (HAC), que reúne tanto a países pequeños como grandes –su último cónclave estuvo copresidido por el Estado francés, Costa Rica y Gran Bretaña–.

Pero los Estados ricos quieren que las pérdidas y daños formen parte del componente de adaptación de la financiación, que por el momento solo alcanza una cuarta parte de las sumas liberadas, frente al 75% destinado a la mitigación, mientras que Naciones Unidas y los Estados pobres piden al menos la paridad, porque las necesidades estimadas de asistencia a los más vulnerables son «300.000 millones (de dólares) al año para 2030», según precisó Guterres.

Y, paradójicamente, es «la falta de financiación de la adaptación lo que se ha convertido en pérdidas y daños», tal como subrayó Abul Kalam Azad, enviado de Bangladesh en la CVF.

«Como pagar a la mafia»

«Necesitamos una financiación adicional y separada del objetivo anual (de 100.000 millones)» para las pérdidas y daños, subrayó, por su parte, Aiyaz Sayed-Khaiyum, ministro de Economía y Cambio Climático de Islas Fiji. Una financiación que no se sume a la carga de la deuda que arrastran los países afectados. «Sería cruel hacernos pagar intereses sobre el dinero destinado a aumentar nuestra resiliencia. Sería como hacernos pagar a la mafia de los combustibles fósiles responsable del terror que nos provoca esta crisis», añadió.

Por ello, una de las soluciones planteadas es el alivio de la deuda para hacer frente a las inversiones necesarias para la adaptación al cambio climático.

Al hacer balance de la primera semana de la COP26, la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS) también insistió en que las «pérdidas y daños» aparezcan en «el balance global (de financiación), desde el presente y con objetivos cuantificados».

Muchas ONG están haciendo campaña en la misma dirección, como la coalición Climate Action Network, que reclama «un plan que realmente satisfaga las necesidades de las personas que se hallan en la primera línea de la crisis climática».

Sea como dosier separado o como nuevos compromisos, los países más pobres no quieren esperar más para resolver esta cuestión, que podría transformarse en un punto de bloqueo, ya que «la tensión ha subido» en los primeros intercambios negociadores de esta cumbre, según subrayó Yamine Dagnet.

En este preocupante escenario encaja el discurso del reverendo James Bhagwan, de la Conferencia de Iglesias del Pacífico, para quien este debate está demostrando «las enormes desigualdades en materia de cambio climático». «En el Pacífico, pérdidas y daños significa vida o muerte. Si los países ricos no lo aceptan, la única opción será ir ante la justicia», advirtió.

Riesgo de bloqueo

En este contexto, Greenpeace acusó al Gobierno de Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, de bloquear las negociaciones sobre la resolución final de la COP26.

«Muchos países, en especial los que se enfrentan a riesgos existenciales, han intentado asegurarse de que la resolución final de Glasgow se centre en acelerar las medidas para mantener vivo (el objetivo de) los 1,5 grados centígrados», resaltó la organización ecologista en un comunicado. «Por eso –avisó–, la ausencia de una resolución final minaría ese esfuerzo y socavaría el resultado de Glasgow».

Greenpeace aseguró que el Gobierno saudí ha bloqueado «los esfuerzos para construir progreso en la adaptación». Y de no producirse un avance en las medidas de adaptación, esto podría hacer que el bloque de países africanos vetara la adopción de una resolución final.

«La jugada para diluir la importancia de los objetivos de adaptación ha sido diseñada para asegurar que los países vulnerables no reciban el apoyo que necesitan y, por tanto, no puedan firmar un acuerdo significativo al final de esta semana», sostuvo la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan.

La ONG exhortó a las autoridades saudíes a «prepararse para aceptar su parte de responsabilidad» en el capítulo de daños y perjuicios aunque afronten una «transición difícil» ya que su riqueza económica depende de los combustibles fósiles.

Australia apuesta por extraer y exportar carbón durante décadas

El ministro australiano de Recursos, Keith Pitt, afirmó ayer que su país seguirá extrayendo y exportando carbón durante décadas, después de que el Gobierno del país oceánico se negara a sumarse a un acuerdo en la Cumbre del Clima de la ONU para reducir el uso de este mineral, cuyo consumo como combustible es responsable de buena parte de las emisiones globales de CO2. «Hemos dicho muy claramente que no vamos a cerrar minas de carbón y que no vamos a cerrar centrales de energía de carbón», manifestó en declaraciones a la cadena australiana ABC Pitt, precisando que está previsto que la demanda se incremente hasta el año 2030. El responsable australiano de Recursos insistió en que seguirán exportando carbón mientras haya países que estén dispuestos a comprarlo y aseguró que su Gobierno continuará defendiendo un sector que da trabajo a unas 300.000 personas en el país.

El pasado jueves, 23 Estados se comprometieron en la COP26 a no construir nuevas centrales de carbón, para así acelerar la transición hacia energías limpias, lo que eleva este bloque a 42. No se sumaron al acuerdo Australia, EEUU, India ni China, todos ellos grandes consumidores y productores de carbón.GARA