La muerte en prisión de Igor González Sola ha vuelto a poner sobre la mesa, con toda su crudeza, la situación que padecen los presos vascos. «Una política penitenciaria de excepción» a la que EPPK exige poner fin de inmediato: «Es tiempo de que dejen de prorrogar condenas a quienes están enfermos o tienen una edad elevada, es tiempo de abandonar el aislamiento y los regímenes cerrados. Que cesen ya las dobles condenas: la legislación de excepción, la dispersión de kides, la soledad, la irresponsable atención sanitaria... Sin más dilación, que comiencen a repatriarnos».

En un comunicado remitido a NAIZ el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos recuerda que Igor González es el vigésimo prisionero fallecido entre rejas. Y como dato revelador de su periplo carcelario de 15 años, cita que «conoció de primera mano las consecuencias más graves de la dispersión y el alejamiento: cuando lo tuvieron en Badajoz, en julio de 2017, sufrió la muerte de su compañero de módulo Kepa del Hoyo».

Entre las consecuencias de la política carcelaria en vigor, «diseñada expresamente para destruirnos política y personalmente», sitúa las enfermedades físicas y síquicas. «Ante las malas condiciones sanitarias de las cárceles, son los ‘kides’ quienes asisten al preso. Pero la dispersión, el aislamiento, lo imposibilitan, y debemos denunciar que esa soledad impuesta también ha matado a Igor».

Su conclusión es rotunda: la muerte de González Sola, que había cumplido tres cuartas partes de la pena y estaba enfermo, «es consecuencia directa» de la política carcelaria que se aplica.

Por un futuro sin presos
EPPK se dirige a los «responsables» de esta política «inhumana» para que la abandonen de una vez y, «lo más importante, empiecen trabajar para poner los cimientos de una Euskal Herria sin presos políticos». Pero añade que existen varios aspectos que deben resolverse ya.

Menciona, concretamente, el agrupamiento en las cárceles de Basauri, Iruñea, Martutene y Zaballa de los presos encarcelados en el Estado español, «tal como se ha hecho, en parte, en el Estado francés»; la inmediata puesta en libertad de los enfermos y de los mayores de 65 años; y la adopción de medidas para cesar en la política española de «clasificarnos sistemáticamente en régimen cerrado y se nos apliquen el tratamiento y la clasificación ordinaria».

Precisamente, el Colectivo indica que esa aplicación del régimen carcelario es la que «nos mantiene aislados, alejados y dispersados. Se han pasado años diciendo que no somos presos políticos, pero 10 años después de que cesara la lucha armada siguen aplicándonos una política penitenciaria de excepción».

El comunicado, que GARA publicará mañana íntegro en su versión original en euskara, se refiere también a la situación generada por la pandemia del covid-19, que en prisión ha acarreado restricciones en derechos. Para EPPK, la situación es «drámatica». De hecho, apunta que la emergencia sanitaria supone una razón más para emprender la repatriación, «tal como sostienen los colectivos pro derechos humanos, la mayoría social, política y sindical vasca e, incluso, el propio Gobierno de la CAV».