Suecia lleva más de 100 días sin formar gobierno porque varios partidos de derecha se niegan a recibir el apoyo de la extrema derecha para gobernar. En Andalucía han bastado 25 días para que el PP –de acuerdo con Ciudadanos– prestase los votos necesarios a Vox  para que la extrema derecha entrase en la Mesa del Parlamento. A cambio, se supone, conseguirá los votos para birlarle al PSOE la Junta de Andalucía.                                    

Que el territorio que ejercerá de conejillo de Indias para el tripartito con el que la derecha española se ha propuesto imponer su agenda involucionista y recentralizadora sea Andalucía no es cuestión menor. Es la comunidad autónoma más poblada de todo el Estado, ha sido un bastión del PSOE en tiempos de hegemonía aznariana y ha sido el contrapunto regionalista a los esfuerzos emancipadores que se han alternado en tierras vascas y catalanas, exigiendo para sí las competencias logradas por los anteriores. La Junta de Andalucía es una expresión paradigmática del régimen del 78 y del manido café para todos.

Su caída en manos de quienes abanderan su revisión recentralizadora muestra, al mismo tiempo, los límites de aquella precaria construcción. La involución que viene confirma el acertado diagnóstico de quienes hace 40 años alertaron de los límites de un régimen que nunca rompió con su pasado franquista –que ahora regresa–. También corrige a los que leyeron la transición y la Constitución española como mero punto de partida susceptible de futuras mejoras y no como definitivo e inamovible perímetro de aquello que considera posible. Pero de poco sirve la razón histórica si no se consigue, ahora que el diagnóstico es más ampliamente compartido, articular una forma de hacerle frente desde Euskal Herria, en colaboración con el resto de pueblos del Estado español, empezando por el catalán y siguiendo por el propio pueblo andaluz, primera víctima del tripartito autoritario que pretende cerrar con un gigantesco paso atrás la crisis territorial del Estado.