El pasado 16 de enero la Oficina de Okupación de Bilbo interpuso una demanda ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra la actuación de desalojo del gaztetxe Etxarri de Errekalde, llevada a cabo por el Ayuntamiento.

Desde la Oficina de Okupación responden también a las declaraciones realizadas en diciembre por el concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, y el de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, justificando la actuación municipal y planteando «extrapolar» la experiencia del Gazte Lokala de Deustua a Errekalde.

Según explican, desde que se inició el expediente de clausura, la asamblea del gaztetxe se había mostrado dispuesta ante el Servicio de Mediación del Ayuntamiento «a tomar todas las medidas necesarias para reconducir la situación». Sin embargo, denuncian «la sorpresa» cuando «se presenta la Policía en el Gaztetxe dispuesta a desalojarlo».

«El hecho de que el Servicio de Mediación ni siquiera tuviera conocimiento de dicha actuación, solo demuestra el poco valor que desde el Ayuntamiento se le da a esta vía, privándola de toda capacidad de gestión y decisión», señalan.

La Oficina de Okupación resalta que la orden de clausura «no legitimaba al Ayuntamiento para desalojar, incautar bienes y tapiar el inmueble». «La normativa que se alega en el expediente no recoge estas competencias siendo, en consecuencia, una actuación completamente ilegal», añaden.

En este sentido, insisten en que «el Ayuntamiento no tiene competencia para desalojar un inmueble sin acudir al auxilio de los tribunales, premisa que en este caso no se ha cumplido. Y esta conducta se vuelve más grave aún, si cabe, si se tiene en cuenta que el inmueble no es de titularidad municipal sino que pertenece a un ente privado que, si quisiera, podría recuperarlo incoando los procedimientos oportunos, sin necesidad de poner los recursos públicos a su servicio».

«No todo vale contra la okupación»

La Oficina de Okupación censura que «un organismo público como es el Ayuntamiento de Bilbao realice un desalojo con absoluto desprecio por el procedimiento legal establecido constituye un hecho gravísimo desde el punto de vista jurídico».

«Okupado o no, el edificio y las personas que lo utilizan deben tener las mismas garantías legales que el resto de ciudadanas», añaden.

En alusión a la propuesta realizada por el Ayuntamiento responden que es «vergonzoso» que «Abaunza se erija como adalid de la legalidad, vendiendo al resto de partidos políticos una supuesta política de colaboración con proyectos autogestionados siempre y cuando estos se desarrollen en legalidad». «Señor concejal, el primero que no está cumpliendo la legalidad es su Ayuntamiento con lo que no le consideramos legitimado para dar lecciones a nadie», puntualizan.

Desde la Oficina de Okupación esperan que los tribunales «le aclaren al Ayuntamiento que no todo vale contra un edificio okupado». «Esperemos que la asamblea de Etxarri pueda recuperar un edificio en el que tantos proyectos se desarrollaban y del que han sido despojados ilegalmente», señalan.