«La zonificación aquí es la piedra en el zapato que impide esta concepción de la protección de la lengua en un sentido más generoso, más favorable y garantista para los derechos lingüísticos; no podemos hacer una gradación tan fuerte de los derechos lingüísticos en función de la parte del territorio», ha asegurado en la Comisión Especial para la elaboración de una nueva Ley del Euskara.

En este sentido, ha advertido de que la zonificación «favorece una interpretación restrictiva de la protección de la lengua, del régimen lingüístico y de la protección de los derechos» lingüísticos de la ciudadanía.

Por ello, si hubiera que mantener este modelo, ha recomendado dotarlo de un contenido que no sea el actual, «que acaba dificultando realmente una política lingüística con continuidad necesaria para decir que se está fomentando la lengua».

De hecho, ha considerado que la zonificación no es «ni la única» opción «ni la más favorable». Además, ha destacado que una lengua minorizada, como es el euskara, «requiere una protección jurídica más fuerte que se vincula a un estatuto jurídico de oficialidad».

A preguntas del portavoz de I-E, José Miguel Nuin, sobre si además de extender los usos y derechos se podría declarar la oficialidad del euskara en Nafarroa sin modificar la Lorafna, Pons ha opinado que «sí que es posible».

«Hablar de la oficialidad en la ley me parece perfectamente posible, sin contradecir a la Constitución y al Estatuto», ha aseverado.

Al respecto, ha hecho referencia a las declaraciones del primer compareciente en la comisión, Miguel Izu, que en la sesión de la semana pasada afirmó que no era posible establecer la oficialidad del euskara en toda Nafarroa mediante una Ley Foral, sino que se requería «inexcusablemente» de una reforma de la Lorafna.

Pons ha indicado que «no hay base para una interpretación tan restrictiva» como la realizada por el vocal del Tribunal Administrativo de Nafarroa: «Creo que por vía de modificación legal se podría avanzar con un reconocimiento hasta garantizar los derechos lingüísticos y los usos oficiales del euskera».

De esta forma, ha recomendado «no aferrarse a algo que no viene limitado por la propia Lorafna ni en la Constitución para mantener unas categorías jurídicas que acaban restringiendo las políticas lingüísticas y debilitando la garantía de los derechos lingüísticos de los hablantes».

«No entiendo que no sea posible una reforma bastante en profundidad de la ley», ha manifestado Pons, que ha apuntado que «el estatuto (la Lorafna) da margen para una modificación» de la Ley del Euskara.

Asimismo, ha indicado que declarar la oficialidad no implicaría establecer como requisito el dominio del euskara para todos los puestos de la Administración Pública, sino solo para algunos.