![Kote Cabezudo, en una imagen de archivo. (Juan Carlos RUIZ/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/508/629/article_main_landscape/cabezudo.jpg)
La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa ha decidido prorrogar hasta los cuatro años la prisión provisional del fotógrafo Kote Cabezudo, quien se encuentra en la cárcel de Martutene desde el 4 de mayo de 2018 y próximo, por lo tanto, a cumplir dos años de encarcelamiento, lo que obligaba a revisar su situación legal antes del fin de este período.
El fotógrafo se halla procesado por la posible comisión de 47 delitos, varios de ellos contra la libertad sexual de sus modelos.
De ella penden múltiples pequeñas causas desgajadas, la mayor parte por presuntos delitos de desobediencia grave a la autoridad judicial, coacciones a las víctimas y obstrucción la Justicia que, según la acusación particular, se cortaron «de raíz» a partir del ingreso en prisión provisional del inculpado en 2018.
Durante la vista celebrada el pasado 22 de abril, tanto la Fiscalía como la representación de las víctimas reclamaron que Cabezudo continúe en la cárcel al entender que «existen indicios suficientes» de su participación en los hechos y que persiste el riesgo de fuga, «ante las décadas de prisión» a las que podría ser condenado.
Asimismo, pusieron de relieve la posibilidad de que una vez puesto en libertad el fotógrafo «pudiera continuar atentando contra bienes jurídicos de las víctimas», ya que «fue la prisión provisional la que puso fin» a estas actuaciones por las que «se sigue un reguero» de procedimientos en su contra, en uno de los cuales ya ha sido condenado en firme a dos años y tres meses de cárcel por «obstrucción a la justicia» y «intimidar» a una testigo colgando una fotografía suya desnuda en una red social.
La defensa, por su parte, adujo que no concurre en el caso de Cabezudo «ninguno de los fines legítimos en los que debe basarse la prisión provisional». La abogada del fotógrafo recordó que mientras su cliente permaneció en situación de libertad provisional «cumplió con todas las medidas cautelares que se le impusieron y acudió a todos los llamamientos», además de contar con 72 años de edad, una hija menor de edad y arraigo en Donostia.
Esta letrada también puso de manifiesto, entre otros argumentos, «la imposibilidad de fuga ante la situación de estado de alarma en que nos encontramos, con motivo de la pandemia del Covid-19».
No obstante, la Audiencia de Gipuzkoa rechaza ahora estos argumentos y acoge los de las acusaciones, al constatar la existencia en el caso de «indicios suficientes» de los delitos por los que ha sido procesado el fotógrafo.
El auto recuerda asimismo que mientras estuvo en libertad «no cumplió, aparentemente, con los requerimientos judiciales de poner fin a la difusión de imágenes de las querellantes, que atentaban contra su derecho a la intimidad, sino que continuó difundiéndolas tales, haciendo caso omiso a los requerimientos judiciales e incluso, indiciariamente, obstaculizando, o intentando obstaculizar», que las afectadas «actuaran con libertad ante los órganos judiciales».
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