De nuevo un hecho grave: el Departamento de Interior de Jaurlaritza ha atribuido al ciudadano Peio Sánchez nada menos que pertenecer a la cúpula de ETA. Una circunstancia que daría pavor a cualquiera. Sin embargo, ha sido un «error involuntario», es la respuesta de la consejería de la señora Beltrán de Heredia. ¿Un error? ¿Involuntario? ¿Es todo lo que se puede decir y hacer, señor Urkullu?

El episodio forma parte de la normal anormalidad en que vivimos. Las instituciones siguen alentando abusos como arma política contra una parte de la ciudadanía, la izquierda abertzale. Sólo.

No consta a día de hoy que haya sido cesada la consejera ni el autor del atropello. Tampoco que le hayan pedido disculpas, en público o privado, al ciudadano Sánchez por la tropelía. Si el afectado profesara otra adscripción política, Urkullu estaría ya preparando las explicaciones ante el Parlamento y alguien en la cola del paro. Pero no. Es la cotidianidad de la violencia.

Lejos de ello, una persona debe defender en público su inocencia con el miedo a lo que pueda llegar. Sin amparo de quienes deberían proteger a la ciudadanía; sino al contrario, con el arrojo de quien debe defenderse de ellos. Con escalofrío. Porque supuran los casos de personas que han sufrido detenciones salvajes y años –¡años!– de prisión por «errores», por imputaciones falsas o por declaraciones inventadas bajo tortura. Sin reparación. ¿Alguien debería disculparse, señor Fernández?

El episodio debería hacernos reflexionar hacia dónde caminamos; porque ahora que tanto nos preocupa la memoria del pasado, ¿qué hacemos con el presente?