CCOO y UGT avalan las promesas del Gobierno del PP sobre empleo

El Gobierno español y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han suscrito un acuerdo que contempla una drástica reducción de la temporalidad en la contratación de las Administraciones Públicas en solo tres años. ELA incidió en que en los últimos cinco años se ha destruido medio millón de empleos públicos en el Estado.

El Ministerio español de Hacienda y Función Pública prevé aprobar una Oferta de Empleo Público para este año de alrededor de 67.000 plazas, que se repartirán de la siguiente manera: 19.000 se convocarán en la Administración General del Estado; 28.144, en las comunidades autonómicas; y en torno a 20.000 en las entidades locales.

Este aumento de plazas es consecuencia del aumento de la tasa de reposición del empleo público al 100% en ciertos ámbitos que pasarán a considerarse prioritarios en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobará mañana en Consejo de Ministros.

Con las políticas de recorte llevadas a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al implementar las recetas neoliberales ante el estallido de la crisis económica, hasta el pasado año en los PGE se establecía una tasa de reposición del 50% con carácter general con el objetivo de reducir los gastos de personal. Este índice refleja el número de personas que ingresan como funcionarios en la Administración respecto al número de las que salen por jubilación.

La medida pactada ayer por el Gobierno del PP con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF afectará al personal destinado a políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público, y seguridad y emergencias.

Como recordó la agencia Efe, la tasa del 100% ya se aplicaba a sectores como sanidad, educación, justicia y servicios sociales. Ahora también se contemplará el 100% en las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen esos servicios prioritarios, en tanto que en el resto de sectores se mantendrá la tasa de reposición limitada al 50%.

Interinidad

Respecto al «proceso de estabilización del empleo» en el sector público, que, según se recoge en el documento suscrito ayer, se llevará a cabo entre 2017 y 2019 y supondrá la consolidación de 250.000 plazas. Hacienda precisó que la mayoría (237.070) corresponderán a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807) y administración de justicia (8.564), en los que las tasas de interinidad oscilan entre el 30% y el 20%.

El propio Gobierno asume que se parte de «una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración». En la nota de prensa también se puntualiza que estos planes se llevarán a cabo «dentro de los límites y reglas de gasto establecidos». El objetivo marcado es reducir interinidad en los próximos tres ejercicios hasta en un 90%, para dejar el índice medio en torno al 8%.

Además, el acuerdo prevé la constitución de grupos de trabajo entre Administración y organizaciones sindicales para «estudiar medidas que faciliten la movilidad geográfica y funcional de los empleados públicos, impulsar su formación(...), analizar los criterios en materia de igualdad de género y, en particular, de violencia de género».

ELA lo rechaza y Lakua critica los límites

El acuerdo firmado en Madrid suscitó valoraciones negativas en Euskal Herria. Desde el ámbito sindical, ELA, que participó en la reunión de la Mesa General de las Administraciones Publicas del Estado, dijo que fue «una muestra más de la inutilidad de un diálogo social vacío de contenido» y resaltó que se trata de «un acuerdo absolutamente insuficiente». «Supone dar continuidad a las políticas de austeridad que han supuesto la destrucción de más de medio millón de empleos públicos desde el año 2011», indicó, para añadir que es «un balón de oxígeno» para el Gobierno español ante las sentencias europeas que han venido a establecer límites a la contratación temporal abusiva en las administraciones públicas.

El sindicato exigió a las instituciones vascas «que no hagan seguidismo de la política antisocial del Gobierno del PP», al tiempo que criticaba «la pasividad de los representantes del Gobierno de Urkullu y Barkos presentes en la reunión».

Por parte del Gobierno de Lakua, el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, calificó de «insuficiente» la decisión de «flexibilizar» las tasas de reposición en ciertos sectores, por lo que reclamó a Madrid que se eliminen de forma «inmediata» los límites para renovar el funcionariado de la CAV. GARA