La Fiscalía considera que Lakua no puede mantener el confinamiento

La Fiscalía ha elevado un informe al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre las medidas que pretende aprobar el Lakua para frenar la propagación del covid-19 cuando decaiga el estado de alarma.

El Ejecutivo presentó el martes ante la Sala de lo Contencioso Administrativo el borrador con las restricciones que pretende mantener para impedir la expansión de la pandemia y conocer si tienen garantías jurídicas. A la espera de que decida hoy ese órgano, el Ministerio Público rechaza que la CAV pueda mantener el confinamiento autonómico y municipal, así como el toque de queda, pero no cree que se precise de autorización judicial para que los grupos de personas se restrinjan a cuatro, al opinar que no se limita el derecho fundamental de reunión.

La Fiscalía recuerda en su escrito que la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio establece que el decreto de declaración del estado de alarma puede acordar la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, y entiende que este tipo de limitaciones debe considerarse reservado a este estado «excepcional» (de alarma), porque «si hay reserva de ley de estas limitaciones a los estados excepcionales, otra ley no puede saltarse esta reserva».

El decreto, mañana

«En aplicación de una ley de sanidad de carácter general no pueden adoptarse medidas que limitan derechos fundamentales y que van dirigidas a un conjunto indeterminado de personas; son medidas propias, con legislación existente, de los estados excepcionales», sostiene la Fiscalía, que considera que el toque de queda y los cierres perimetrales autonómico y municipales son medidas genéricas limitativas del derecho constitucional a circular por el territorio estatal, dirigidas a un número indeterminado de personas, que «no están justificadas» conforme a las leyes sanitarias fuera del marco de excepción.

Lakua arguye que se trata de medidas «condicionadas» a la apreciación de una determinada tasa de incidencia, pero la Fiscalía ha considerado que esta condición «incide en el juicio de proporcionalidad, pero no en el de legalidad, no superado».

Está previsto que el nuevo decreto del Ejecutivo, que mantiene un total hermetismo sobre su contenido, se apruebe mañana y entre en vigor a las 00.00 horas del domingo. Las medidas se prolongarían durante cuatro o seis semanas, según apuntó ayer mismo Iñigo Urkullu.