El Centro Carter no valida el recuento y debilita la posición de Maduro

El Centro Carter no ha validado los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela al considerar que el proceso «no se adecuó a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral» y rechaza calificarlo de «democrático». Dado el prestigio del Centro Carter y que contaba con el apoyo del Gobierno, este dictamen supone un varapalo para Nicolas Maduro.

El Centro Carter, que participó como observador oficial en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó ayer en un comunicado que el proceso «no se adecuó» a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que «no puede ser considerado como democrático».

Este organismo tiene un gran prestigio internacional y ha sido uno de los pocos que ha estado presente en las elecciones venezolanas, por lo que su dictamen era muy esperado. Su análisis supone un serio golpe para las tesis del Gobierno de Nicolás Maduro, que ha proclamado ya su victoria en las urnas, mientras la oposición ha salido a la calle generando disturbios para rechazar el resultado oficial. Desde el Gobierno se ha denunciado «una maniobra de la oposición para generar violencia».

«El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)», aseveró el Ejecutivo en un comunicado.

IRREGULARIDADES

El organismo internacional destacó que el CNE no ha dado a conocer los resultados desglosados por mesa, lo que «constituye una grave violación de los principios electorales». Explicó que el proceso electoral «no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional».

Según el Centro Carter, la jornada «se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación», y durante el proceso, las autoridades del CNE «mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición».

Agregó que la actualización del registro de electores «se realizó con numerosos inconvenientes», como «plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas». Junto a ello, el Centro Carter destacó que esta situación «se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero».

Además, aseguró que el registro de partidos y candidatos «tampoco se adecuó a estándares internacionales» y, según indicó, en años recientes las formaciones opositoras «han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al Gobierno».

Asimismo, el Centro Carter observó «el abuso de recursos públicos», incluyendo el uso de vehículos oficiales, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales.

A su parecer, la candidatura oficialista «tuvo preponderancia» en los medios públicos en publicidad, transmisión de eventos e información. En cambio, se «intentaron restringir» el resto de campañas, «incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios» a políticos opositores «para generar un efecto disuasivo».

En la jornada electoral del 28 de julio, según el Centro Carter, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente para expresar sus preferencias y la jornada «transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y a testigos de partidos».

DEMANDA DE LAS ACTAS

Tras la publicación del informe del Centro Carter, mandatarios internacionales insistieron en que se hagan públicas todas las actas de los comicios.

Es el caso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. «Seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Es imperativa la transparencia en el recuento. Para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas», indicó.

El alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, pidió ayer al Gobierno venezolano que «ponga fin a las detenciones y otras medidas contra los miembros de la oposición», tras el anuncio de las autoridades del país latinoamericano de que procesaría a opositores por organizar los disturbios.