La llegada de septiembre comienza a perfilar los temas que sobresaldrán en la agenda política. En el Estado español, a principios de verano quedó pendiente la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales, a 38,5 este año y 37,5 a partir de 2025. PSOE y Sumar aspiran a que la patronal se sume al pacto, al entender que un acuerdo en el marco del diálogo social daría un mayor peso a la reforma y facilitaría su aprobación en el Congreso.

La patronal, por su parte, no parece dispuesta a cerrar ningún acuerdo. Por un lado, en la última asamblea de la CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, dijo que reducir la jornada era equivalente a «regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas». Un argumento recurrente a lo largo de la historia, cada vez que se ha planteado la reducción de jornada. Un enunciado falso que no tiene en cuenta la mejora en el rendimiento que resulta de acortar la jornada. En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, que exige que se reduzca la jornada solo cuando se haya constatado un incremento previo de la productividad. El aumento vendrá después, como acertadamente señaló el nuevo presidente de los empresarios de Nafarroa, Manuel Piquer. En una entrevista tras su nombramiento decía que la reducción de jornada obligaría a las empresas a ser más eficaces y eficientes. Con una actitud mucho más abierta, apuntaba que será difícil, «pero habrá que acometerlo». Lo cierto es que el impacto de la reducción de trabajo será bastante limitada, la mayoría de convenios recogen ya jornadas de esa duración o menores, como reconocía la propia Yagüe, que señalaba que el mayor impacto se produciría en comercio y hostelería.

Cada cierto tiempo revive el mito de que los adelantos tecnológicos van a terminar con el trabajo. Sin embargo, a pesar de las constantes mejoras técnicas, el trabajo no termina. En sentido contrario, cada vez que se plantea la reducción de la jornada llegan los mensajes apocalípticos sobre la ruina que supondrá para las empresas. Son mensajes que muestran que una gran parte de la patronal carece de compromiso social y solo vela por mantener sus privilegios.