Cuando se habla de criminalidad en círculos mediáticos o políticos e incluso académicos, se toman como fuentes las memorias fiscales o los datos sobre detenciones que ofrecen las policías. Como si la criminalidad real se pudiera medir con estas estadísticas tan parciales y reduccionistas como falsamente interpretables. Se suelen validar dando por supuesto que sus estructuras selectivas de persecución del delito no condicionan el tipo de delitos y de delincuentes que procesan y, por tanto, que figuran en las estadísticas utilizadas como referencia única para caracterizar la criminalidad. Se da por sentado que persiguen por igual a todos los infractores de las normas penales y todos los supuestos de infracción. La criminalización de la pobreza y de la migración tiene que ver precisamente con el proceso de selección de los lugares y sujetos hacia los que se dirige el control policial y penal, que es extremadamente selectivo.

Cada vez se aleja más lo real de lo percibido y lo percibido tiene efectos sociales reales. La imagen sobre qué y quiénes atentan contra la seguridad está manipulada por quienes tienen el interés y la capacidad para hacer prevalecer su interpretación intencionada y, frecuentemente, para ocultar sus propios delitos. Cuentan con la complicidad de los sistemas de control policial y penal y, cómo no, con el apoyo incondicional de la industria mediática que fabrica miedo, rechazo y estigmatización hacia determinadas categorías de población (migrantes, pobres, juventud marginada, drogodependientes, personas con enfermedad mental, etcétera). Como se puede contemplar en las cárceles, dentro están una ínfima parte de quienes delinquen y que, en su mayoría, son personas desasistidas por las políticas sociales. Es la delincuencia convencionalizada. Salvo excepciones, quienes atentan contra las normas penales no ingresan en prisión y son adultos, blancos y con recursos económicos. El Estado ha abolido de facto la cárcel para ellos y hace que la sociedad esté totalmente indefensa frente a sus delitos.