Carlos Ormazabal, quien fuera diputado de Desarrollo Sostenible de Gipuzkoa durante la anterior legislatura gobernada por el PNV y H1!, ha asegurado que uno de los principales objetivos durante todo el proceso para redactar el proyecto de la incineradora «fue el cumplimiento estricto de la legalidad, el mantenimiento de la máxima seguridad jurídica, lo que avalan las distintas auditorías que desde GHK se han pasado».

A su juicio, «el problema surge con la entrada de Bildu en el Consejo de Administración de GHK, momento en el que decide paralizar todo el proyecto, de lo cual se van a derivar sin duda indemnizaciones millonarias, que como decía el diputado Errazkin tendrémos que pagar todos los guipuzcoanos mediante la tasa de los residuos. Es una decisión absoluta y exclusivamente de Bildu. A falta de año y medio para el cierre de los vertederos nos encontramos con una situación absolutamente caótica, de imposición en el puerta a puerta y ningún otro tipo de solución en la gestión de los residuos».

Cabe recordar que Carlos Ormazabal fue uno de los responsables que contrataron productos financieros tóxicos no solo sin ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración y de la Asamblea de GHK, sino desoyendo la advertencia de La Caixa sobre su falta de conocimientos y experiencia para comprender y valorar los riesgos.