María Ángeles ha recurrido con el apoyo de Kaleratzeak Stop la sanción de 602 euros impuesta por el Gobierno de Lakua, que le ha aplicado la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’.

Según ha informado Kaleratzeak Stop, Lakua le ha impuesto la multa por participar en la concentración convocada el 15 de setiembre de 2016 para denunciar un desahucio en el barrio de Zabalgana. «Un desahucio por Alokabide que vulneraba el derecho fundamental a la vivienda y que se ejecutó de forma violenta, con la intervención de la Ertzaintza y la Policía Local, a pesar de que tanto el pleno del Ayuntamiento como las Juntas Generales de Araba habían declarado por unanimidad a nuestro territorio espacio libre de desahucios», ha señalado.

Y ha recordado que, además de a María Ángeles, el Ejecutivo autonómico abrió expediente sancionador a otros cinco activistas de Kaleratzeak Stop. Eran seis activistas «a los que dos ertzainas habían identificado antes de iniciarse la concentración para denunciar el desahucio, una hora antes de la intervención policial, y que ni siquiera habían estado delante de la puerta cuando se presentó la comitiva judicial».

«Después de más de un año de recursos y contrarrecursos, el Gobierno vasco se vio obligado a archivar el expediente para cinco de las seis personas expedientadas, debido a las irregularidades cometidas en la tramitación del expediente. Solo ha quedado una persona expedientada, María Ángeles, una compañera que tuvo que luchar para impedir que Alokabide la desahuciara de su vivienda en Abetxuko, y a la que Kaleratzeak Stop vamos a apoyar hasta el final», ha indicado.

Asimismo, ha censurado que la ‘Ley Mordaza’, «impuesta por el PP en 205, fue la respuesta del poder económico y político a las luchas contra la corrupción y las leyes injustas. La represión y la criminalización de las protestas sociales para seguir con sus privilegios y con el robo y el saqueo de las arcas públicas. El PSOE se comprometió a derogarla antes de asumir el Gobierno estatal, pero la realidad es que hoy esta ley represora, injusta y contraria a los derechos humanos sigue plenamente vigente».