El 12 de enero de 2018, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio a conocer una sentencia en la que ratificaba la nulidad del acuerdo suscrito en noviembre de 2013 para rescindir el contrato firmado en la anterior legislatura para la construcción, puesta en marcha y explotación de una incineradora.
La resolución fue apelada ante el Supremo, que no ha admitido el recurso, según ha informado la Diputación de Gipuzkoa. El diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha manifestado que «el máximo Tribunal ha puesto negro sobre blanco que los responsables de Bildu se saltaron las normas, causando pérdidas superiores a los 40 millones de euros a las que hemos tenido que hacer frente todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas».
Asensio se ha preguntado también «¿qué hubiera dicho EH Bildu si los responsables de algún otro partido hubieran provocado semejantes pérdidas?. Ha llegado el momento de que Bildu asuma sus responsabilidades. Los responsables de este desaguisado han quedado inhabilitados para desempeñar cualquier otro cargo público».